El Grupo Parlamentario Socialista el 18 de mayo pasado presentó una moción de reprobación, que fue aprobada, sobre las responsabilidades políticas del ministro de Justicia por las maniobras en el Ministerio Fiscal para obstaculizar determinadas causas judiciales contra la corrupción y de las actuaciones del ministro en estas causas. Se justificó así: «Señor Catalá, usted se ha alejado de su responsabilidad como ministro y ha actuado como abogado defensor de los investigados por casos de corrupción en su partido. Los casos del ahora dimitido presidente de Murcia y del expresidente de la Comunidad de Madrid han despejado todo tipo de dudas y lo que eran indicios hoy son hechos incontestables. No es la primera vez que un miembro del Gobierno envía mensajes cariñosos a un presunto delincuente -Luis, sé fuerte, aguanta--, que un acusado por corrupción es recibido en un despacho del Ministerio del Interior -allí estuvo Rato con Fernández Díaz--, pero la novedad con estos casos es que se evidencia cómo el Gobierno ha urdido un plan perfecto para proteger a sus corruptos».

El 27 de junio de 2017 el grupo socialista presentó otra moción de reprobación, también aprobada, sobre las responsabilidades políticas que piensa asumir el ministro de Hacienda y Función Pública por la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y nula su amnistía fiscal. Se justificó «por haber beneficiado a los defraudadores (...), vulnerando principios constitucionales, mientras se incrementaba notablemente la carga impositiva de los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales».

El pasado 24 de octubre el grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presentó una moción, igualmente aprobada, de reprobación al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y del de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, argumentando que el Gobierno de España no cumple los tratados internacionales de refugio, sabotea su propia ley de asilo al no desplegar el reglamento y acoge menos del 11,4 % de los refugiados a los que se comprometió. Alemania para los refugiados ha puesto 6.200 millones de dólares; el Reino Unido, 613; Francia, 426; Italia, 1.650; Holanda, 460; Suecia, 824; Noruega, 847; España, 32. Nos comprometimos a traer a 17. 337 personas y han llegado 1.980».

Según Rodrigo Tena en su artículo Reprobación, parafraseando la famosa cita de Oscar Wilde («To lose one parent may be regarded as a misfortune; to lose both looks like carelessness»), que te reprueben un ministro es mala suerte, pero que te reprueben 5 seguidos demuestra una falta de cuidado preocupante. Para comprenderlo es necesario estudiar la historia, la regulación y la significación política de estas mociones. En la historia del parlamentarismo una moción de reprobación de un ministro era un anuncio de la pérdida de confianza de la Cámara y normalmente provocaba la dimisión y caída del Gobierno. Sin embargo, la eficacia de la moción de reprobación regulada en el artículo 111.2 de nuestra Constitución, es meramente política, sin que conlleve ningún efecto jurídico determinado (como el cese automático del ministro de turno). Ahora bien, el que tenga un valor meramente político no significa que no sea importante. Entender otra cosa es pervertir las reglas de nuestro sistema democrático y despreciar al Congreso de los Diputados, sede de la soberanía popular.

También perjudica gravemente al Congreso de Diputados una práctica generalizada como es el trámite de enmiendas, que muestra la sintonía de PP y Ciudadanos. Este instrumento es clave en el funcionamiento parlamentario, ya que mantiene paralizadas sine die 15 proposiciones de ley que la oposición aprobó en pleno, cuya tramitación el Gobierno no ha podido vetar alegando que afectaban a los Presupuestos Generales del Estado, una vía que la Moncloa ha empleado ya en 44 ocasiones en esta legislatura.

PP y Ciudadanos, sin mayoría absoluta, no pueden impedir que los grupos de la oposición aprueben iniciativas. Mas, controlan la Mesa, que gobierna el Congreso y puede prorrogar sine die el período de enmiendas a las proposiciones de ley. Este recurso lo pide el PP o Ciudadanos. La gran mayoría de las bloqueadas son de carácter social. El reglamento establece como normal un plazo de 15 días hábiles para presentar enmiendas, pero la reforma de la LOMCE aprobada en noviembre de 2016 continúa bloqueada, ya que el plazo se ha ampliado 38 veces. La ley de recuperación de la justicia universal, 29. La modificación del copago en la dependencia o la derogación de la ley mordaza, 27.

Nada permite pensar que la situación vaya a cambiar: por lo que estas propuestas seguirán congeladas. Hay una voluntad de este Gobierno, con la ayuda de Ciudadanos, de paralizar la actividad de la sede de la soberanía popular. Lo expuesto muestra el agotamiento del modelo representativo. La tramitación legislativa, el afán regulador y la disciplina de voto, por poner solo tres ejemplos, alejan a la institución de los anhelos de la ciudadanía a la que sirven. H *Profesor de instituto