El Tribunal Supremo, ante un recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Zaragoza, deberá decidir si el impuesto de plusvalías que se cobra en los ayuntamientos españoles es correcto o no. Hasta ahora, tras la sentencia del Constitucional se siguió la doctrina de no cobrarlas en aquellas ventas de inmuebles que no hubieran generado beneficios. Pero un juez zaragozano consideró que deben anularse todas, al haber un vacío legal, consecuencia de la anulación del Constitucional de los artículos de plusvalías en la Ley de Haciendas Locales. No es un asunto menor. Zaragoza ingresa unos 70 millones en ese concepto, cualquier modificación tendrían fuertes consecuencias fiscales. Falta la voz del Supremo.
