Aunque la noticia es el debate de la nación, hoy me voy a centrar en un hecho sencillo pero importante. El lunes 23 de febrero el PSOE de Aragón celebró una jornada que con el titulo de "Política y Función Pública", dedicó casi tres horas a exponer y debatir sobre la regeneración institucional. Fue un acto sencillo, laborioso y concreto. Sin invitados famosos pero con intervinientes densos y sabedores de lo que decían, se pasó revista a la colonización política de las instituciones por parte de los partidos políticos y se reivindicó una auténtica profesionalización de la Administración.

Empezó la función Javier Lambán, aspirante a gobernar la DGA, dando un auténtico repaso a la citada politización administrativa habida hasta ahora, no obviando ningún tipo de responsabilidad, pero comprometiéndose públicamente a una gestión limpia y transparente. No fue un discurso vacío al uso sino la proclamación de un fuerte compromiso público, rozando la radicalidad, sobre una tarea imprescindible. Marcó una línea roja entre los políticos y los funcionarios, distinguiendo sus respectivas funciones: el político dirige y el funcionario hace. Y ambos bajo el imperio de la ley y de la eficiencia. Que así sea.

A continuación hubo dos mesas redondas. Una sobre el Buen Gobierno y otra sobre la Buena Administración. Ambas con intervinientes rodados y contrastados. El público (unos 60) asistió atentamente y debatió intensamente. El resultado general fue muy satisfactorio, a pesar de ser una cuestión árida y farragosa.

Traigo a colación este hecho porque estamos hablando de una cuestión básica en la regeneración de nuestra democracia. Soy de los que pienso que una de las crisis más dañinas para la democracia es la crisis institucional. Y más difícil de regenerar que la propia crisis económica. Porque son las instituciones las que deben llevar el Estado de Bienestar al ciudadano y no los partidos políticos propiamente, meros instrumentos para llevar a las instituciones el modelo de bienestar que cada partido pretende para su país. Se trata, en definitiva, de contar con unas instituciones cuya ordenación y funcionamiento se rija por la calidad, la integridad, la transparencia y el respeto a la ley, sin otro objeto que procurar la libertad, seguridad y bienestar de los ciudadanos.

Una de las consecuencias de la corrupción actual es el descrédito y deterioro de la función pública, la situación de una administración colonizada por los partidos políticos y privada de una de sus características fundamentales, cual es la del control de la solvencia técnica y la legalidad de sus actuaciones. Los partidos políticos han abusado en la reducción de los controles administrativos y dejar el máximo espacio al arbitrio de las decisiones políticas. Una de las razones más claras de la desafección ciudadana hacia la política es la opacidad institucional, la patrimonialización de lo público, la persecución del discrepante, la manipulación de los medios de comunicación, la corrupción y el abuso de poder desde las instituciones. Los ciudadanos perciben a sus representantes alejados de sus intereses, y a los partidos políticos impermeables a sus demandas.

Construir una administración profesional, austera y eficiente es una tarea difícil, pero no imposible. Merece la pena intentar un gran acuerdo político para despolitizar la administración y hacerla de verdad profesional y eficiente. La Administración Pública es esencial, pues sin Administración no hay gobierno posible, por muy buenas que sean las intenciones de la clase política. Gobierno y Administración van de la mano y, por lo tanto, no administrar es desgobernar. Y en España hay instalado un sistema organizado de desgobierno, que está por encima de la política. Los partidos luchan mucho por llegar al poder y cuando llegan no saben qué hacer con él. En el fondo, el desgobierno de la Administración es la constatación de un Estado débil. Y con un Estado débil el ciudadano es más vulnerable.

Para la instauración de una Administración legal y eficaz al servicio del ciudadano, se necesitan dos características básicas en los gestores públicos, tanto políticos como funcionarios: honestidad y capacidad, especialmente en los cargos de máxima responsabilidad. La honestidad es algo tan básico que ni se debería citar, a pesar de aparecer como un diamante en la percepción ciudadana. Qué tiempos estos en los que hay que demostrar lo evidente.

La democracia es un sistema que no cree en la bondad universal y desconfía de la codicia humana. De ahí que exija contrapesos y controles rigurosos para impedir abusos de poder y sancionarlos cuando se produzcan.

Profesor de Filosofía