No es exagerado decir que en España hay alarma social por el precio de la electricidad. Que la factura de la luz suba cuando hay más demanda por el descenso de la temperatura puede tener cierta lógica como puro mercantilismo, pero no se ajusta a la economía social de mercado que consagra la Constitución. El Gobierno y los organismos reguladores deben despejar las dudas sobre el sistema de fijación de precios, que podría suponer que alguien estuviera utilizando resquicios legales para aumentar artificialmente los precios en el momento de máximo consumo y, sobre todo, de máxima necesidad. Las medidas no pueden ser paliativas, sino de choque. La intervención anunciada por Industria para forzar a la baja el precio del gas que se utiliza para la producción de electricidad es adecuada, pero insuficiente. La Comisión del Mercado de la Competencia debe actuar con contundencia, porque no es la primera vez que se detectan prácticas abusivas. La oposición lo ha pedido y la sociedad lo reclama. La reforma del 2013 ha resultado un fracaso. Una vez se apacigüe esta emergencia, habrá que abordar la complejidad de fondo del asunto, resultado de muchas decisiones políticas y no empresariales oportunistas y populistas en muchos casos. Y las empresas del sector deberían ser las más interesadas en una mejor y más clara regulación del mercado que acabe con la pérdida progresiva de reputación que sufren.

Tras varios meses en los que las intenciones de la primera ministra británica, Theresa May, se resumían en un eslogan (Brexit es brexit), esta semana la premier dejó claro en un discurso que la salida del Reino Unido de la Unión Europea será completa. Londres renunciará al mercado único, dará por terminada la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia y rechaza la posibilidad de un acuerdo parcial al estilo de Noruega o Suiza. Brexit significa good bye.

Las palabras de May implican la victoria del antieuropeísmo puro y duro, que se impuso por un estrecho margen en el referéndum, y dejan en una situación muy incómoda a Escocia, que ya advirtió de que la salida del mercado único era un motivo para volver a convocar una consulta de independencia. May se comprometió a que el acuerdo definitivo entre el Reino Unido y la UE sea aprobado por el Parlamento, con la intención de dotarlo de la máxima legitimidad.

La dureza de los términos no se entiende sin la irrupción del presidente norteamericano Donald Trump, que con el ruso Vladímir Putin coincide en su objetivo de debilitar a Europa. Para ello está dispuesto a asociarse comercialmente con el Reino Unido posbrexit, algo que Barack Obama había dicho que no sucedería. Ante este escenario, la UE debe afrontar la negociación con Londres con serenidad y firmeza, y defender sus intereses sin complejos en una separación que todo indica que será muy costosa. No solo los intereses de la Unión están en juego, sino su misma existencia.