Digamos de entrada que, a fecha de hoy, estamos tan solo ante un proyecto de Presupuestos Generales elaborado por el Gobierno que el Congreso todavía ha de debatir y aprobar. Por otro lado, la experiencia enseña que una cosa son las partidas asignadas sobre el papel y otra muy distinta su ejecución o no. Por eso Aragón se sitúa hoy ante unas nuevas cuentas del Estado que prometen (no grandes maravillas pero sí un cierto incremento de las inversiones), pero que no comprometen al Ejecutivo porque están sujetas a demasiados condicionantes. Como suele suceder en estos casos, los números admiten diversas interpretaciones. De acuerdo con los datos suministrados por el propio Ministerio de Hacienda, Aragón podría obtener, si se aprueba el actual proyecto, 437 millones, de los cuales 407 corresponderían a inversiones netas. Ello supondría incrementos sobre el año pasado del 16% y del 18%, respectivamente. Pero como en las cuentas del 2017 se produjo un ligero bajón respecto del 2016, al final lo que ahora se presenta no deja de ser un retorno a este último ejercicio.

Lo que pueda pasar finalmente está por ver. Son ya muchos los ejercicios en los cuales lo inicialmente programado queda sin invertir y acaba destinándose a otros fines que ya nada tienen que ver con la comunidad aragonesa. Ello sucede en buena medida porque en Aragón no se suelen supervisar ni controlar las aportaciones e inversiones específicas de la Administración central. No existen mecanismos institucionales para ello.

En el hipotético caso de que el proyecto de presupuestos para 2018 salga adelante (lo cual requerirá o el apoyo pactado del PNV o la complicidad del PSOE), Aragón podría ver avanzar algunas de sus obras emblemáticas, aunque, como ha advertido el PAR, ninguna de ellas llegaría a su final porque las más importantes se remiten a proyectos plurianuales. Eso explica la reacción crítica de los grupos de izquierdas, que ven poco impulso inversor y un enfoque muy poco social. El PP aragonés, a su vez, ha reclamado a los socialistas que apoyen la aprobación de la propuesta gubernamental que les parece muy positiva.

Aragón se enfrenta a los problemas que plantea la gestión de un territorio muy extenso con una población desperdigada y envejecida. Arrastra además un déficit de inversiones públicas que se remonta a muchos años atrás. Por eso las promesas sin compromiso ya no convencen.