Previsible debate sobre Aragón
El debate sobre el estado de la comunidad aragonesa empezó ayer ciñéndose a la implacable lógica de los últimos años; mejor aún, de los últimos lustros. El presidente Lambán anunció nuevas inversiones y relató importantes objetivos sociales mientras describía una realidad cien por cien positiva (una «inestabilidad estable», según dijo textualmente) y un futuro prometedor dentro de los habituales lugares comunes. Justo después de que el Ministerio de Hacienda advertía de que Aragón ya estaba superando su límite de déficit público para este año.
Nadie podrá negar la naturaleza optimista de las propuestas hechas por el presidente del Gobierno aragonés. Pero tampoco será factible que alguien otorgue credibilidad a unas promesas que se producen en una atmósfera política volátil e imprevisible. Lambán tiene una ventaja, como sus antecesores en el mismo cargo: domina los datos, controla el gasto público y maneja un argumentario colectivo que funciona desde hace lustros. El único, pero gran problema, es que su discurso no acaba de fijar soluciones estratégicas para una comunidad como la nuestra que se despuebla, no sabe insertarse en las últimas metas de la modernidad y carece de objetivos válidos para el desarrollo en el siglo XXI.
No obstante, el presidente aportó alternativas voluntaristas. Está por ver que la oposición, además de rebatirle, sea capaz de ir más lejos.
La fiscalía y su proporcionalidad
Las instituciones del Estado están claramente comprometidas en la defensa del orden constitucional, con independencia de su ideología. Si el Constitucional ya había ordenado apercibir a todos los alcaldes para que tuvieran conocimiento de la suspensión de la ley que ampara el referéndum independentista catalán, ayer el fiscal general, José Manuel Maza, ordenó directamente que sean investigados (léase imputados) aquellos que han dicho que van a amparar el 1-O. 712 alcaldes. Aunque la Fiscalía esté obligada a perseguir los delitos y evitar su consumación, dispone de un margen de discrecionalidad y depende del Ministerio de Justicia. Por ello, sin perjuicio de los efectos disuasorios que se persiguen, conviene cuestionar la oportunidad política de la medida. Primero, por razones operativas: el interrogatorio de centenares de personas difícilmente podría quedar liquidado antes del 1-O. Y segundo: las acciones represivas e indiscriminadas solo servirán para crear mártires entre los independentistas antes de tiempo, sin llegar siquiera al propio intento de celebración del referéndum, y con su consiguiente efecto movilizador. Estas dos razones no pueden distraer a la fiscalía de cumplir con su deberes, pero debe hacerlo de la manera más diligente y eficiente que tenga a su alcance. Y el Gobierno, en lo que le corresponda, debe socorrerla en esta ardua misión.
