Los acontecimientos actuales de Cataluña eclipsan cualquier otro tema político. No obstante, me referiré a un tema muy grave, que está deteriorando nuestra democracia: la corrupción. Seguro que alguno alegará «Bah, otra vez con la misma tabarra», «vaya rollo», ¡qué hastío! Y están justificados tales juicios. Mas, me agradaría más hablar de los sueldos dignos o la desaparición de la precariedad.
Poco ha en el artículo Corrupción incorregible, señalaba que los principales campos de la corrupción han sido: contrataciones de obra pública, el urbanismo, y las privatizaciones de empresas y servicios públicos. Igualmente que la culpabilidad de la corrupción recaía en las empresas, los políticos, y algunos funcionarios por la excesiva politización de la administración pública. En cuanto a posibles soluciones una es clave: la protección del funcionario denunciante (whistleblower), sobre la que existe una regulación en casi todos los países avanzados, porque son los funcionarios los que median en el día a día de las contratas, de las actividades del Estado.
En la sesión de la Comisión Constitucional del 15 de febrero entre las comparecencias en relación con la proposición de ley integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes, me impactó la del teniente (delator) Luis Segura de Oro-Pulido, miembro de la Plataforma X la Honestidad, de la que forman parte también Roberto Macías, que denunció las presuntas facturas falsas de UGT de Andalucía: la exfuncionaria Ana Garrido, que destapó el caso Gürtel en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte; y Azahara Peralta ingeniera agrónoma, que fue directora de obra del proyecto de Acuamed y que se negó a firmar unos sobrecostes reclamados por FCC.
El teniente Segura hace una descripción dramática del auténtico infierno-algunos detalles escabrosos los omitiré-, por el que ha tenido que pasar por haber denunciado la corrupción en el ejército. Dificultades extensibles a sus compañeros. Señala que los denunciantes suelen ser personas de mediana edad, con cierta madurez y sin cargas familiares, ya que es muy complejo el denunciar para una persona joven, con dos hijos, una hipoteca. Todos, sigue diciéndonos, hemos seguido un mismo patrón. Lo primero: todos perdemos nuestro puesto de trabajo. A continuación sufrimos procesos judiciales, pasamos de ser los que denunciamos a ser los denunciados, y además en la plataforma ninguno hemos sufrido una denuncia por denuncia falsa. Es decir, nadie jamás ha conseguido demostrar que lo que denunciamos es falso.
El siguiente paso es calumniarnos en los medios de comunicación afines. En mi caso, y cualquiera puede entrar y verlo en Google, Luis Gonzalo Segura, y comprobarán que la primera publicación que encontrarán es que he sido investigado por acoso sexual. Falso, y yo lo denuncié en el año 2014. Estamos en 2017 y afortunadamente he conseguido que impongan una fianza de 250.000 euros al medio, y que se les impute un delito, tanto al periodista como al medio de comunicación, pero han pasado tres años. No obstante, el juicio no será hasta 2018. .
Además todos somos denunciantes que hemos denunciado elementos de corrupción que no nos afectaban directamente. En el caso de Zaida Cantera era algo que le afectó directamente. En cambio, nosotros hemos denunciado situaciones que no nos afectaban. Me afecta como ciudadano que me hagan jefe de un sistema de telecomunicaciones por el que pagamos más de un millón de euros si no existe, claro, pero no me afecta directamente. Es decir, yo podría haber seguido en mi trabajo sin ningún problema. Por suerte en mi caso creo que todo este proceso no ha conseguido trastornarme mentalmente,.
Más allá de las enmiendas que hemos presentado, necesitamos una ley integral que nos proteja, porque lo más tremendo de nuestros casos es que encima estamos siendo utilizados para amedrentar al resto de los denunciantes. Hay militares que están pendientes de lo que me pase a mí para denunciar o no. Por tanto, nosotros tenemos dos opciones: o nos callamos y no decimos lo que estamos pasando, o si relatamos el infierno que estamos pasando amedrentamos a todos los demás, a todos aquellos que están pensando en denunciar. En este país si tú eres corrupto terminas en un consejo de administración sin mucho problema; si eres denunciante de corrupción nadie te quiere contratar. Es decir, pasas de ser teniente del ejército y poder llevar la seguridad de un cuartel o poder llevar las telecomunicaciones, incluso de todas las Fuerzas Armadas, a que no vales para estar en una garita.
Termina, señalando «Somos la materialización del fallo de un sistema». Yo no tendría por qué pasar hambre, pasar penuria y lo que es peor, nuestros hijos no tendrían por qué heredar nuestro estigma. Esto no puede pasar en este país. Son ustedes, Sres. diputados, los que pueden cambiar esto, los que nos pueden equiparar al resto de Europa, porque el dato está ahí: somos uno de los cuatro únicos países de la OCDE que no tienen una ley de protección al denunciante. Acabo con una pregunta: ¿Por qué en 40 años de democracia no la tenemos todavía?
*Profesor de instituto
