La DGA exigirá a todo el personal que trabaje con menores que acredite que no tiene antecedentes por la comisión de cualquier delito relacionado con abusos sexuales. La aplicación de la normativa regula también las sanciones a las que se pueden ver sometidos quienes, en su caso, no aporten tal acreditación. La protección de cualquier potencial víctima, pero con mayor intensidad la que pudiera afectar a menores, es una obligación de la administración y más cuando se encuentran bajo su tutela temporal como ocurre en los centros educativos. La prevención es necesaria.
