La nueva ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, popularmente llamada "ley mordaza" entró en vigor este pasado miércoles y la polémica está servida. Diferentes colectivos ven la ley como un atentado a las libertades constitucionales, de expresión, de actuaciones libres en la vía publica y en áreas privadas, así como a la libertad de acceder a determinadas páginas en internet, dicho así es para ponerse a temblar porque suscita todo lo contrario de lo que anuncia. Las leyes siempre suelen tener caras diferentes de interpretación y, especialmente cuando hay intereses concretos por parte de colectivos y partidos políticos en la oposición. Se supone que ésta o cualquier otra ley han de cumplir con la norma suprema que es la Constitución, por lo tanto todo se ha de perfilar en el Estado de Derecho. Siempre se ha dicho que delinquir en España sale bastante barato para el infractor y que por muchas razones era necesaria una reforma del Código Penal. Una ley de estas características debería tener el apoyo de todas las fuerzas políticas, pero en este país para conseguir acuerdo en algo ha de producirse un reparto de poderes, si no hay pastel que asignar el "me opongo" es la consigna nacional. Esta ley, a priori, deberá garantizar: seguridad y protección para la nación, en esto dice que: el visitar sucesivamente páginas web que realicen divulgación y apología del terrorismo va a ser sancionado; entiendo que sería semejante a lo que ocurre para los que visitan o utilizan páginas de pederastia, no se interpreta que vaya a haber restricciones para visitar internet como apuntan los alarmistas. Con una ley de estas características no debería haber política torticera.