La pregunta puede parecer provocadora, pero está plenamente justificada. Que los gobiernos están cada vez más mediatizados a la hora de tomar decisiones es una obviedad, como consecuencia, entre otras razones, de la globalización financiera; o por formar parte de organismos supranacionales. Hoy me fijaré en las limitaciones impuestas a los gobiernos por las políticas de austeridad.
La gestión de la crisis económica ha impuesto una nueva ortodoxia, calificada como "estado de austeridad". Supone un nuevo tiempo histórico, en el que la consolidación fiscal y control del presupuesto son las incuestionables reglas, y a la vez, el déficit público persistente en el tiempo es algo del pasado. Desde los años 90 la austeridad es un dogma de fe. No conocemos, aunque podemos intuirlo, cómo va a influir en nuestra democracia.
El control del déficit público ha supuesto una radical disminución del gasto disponible y la inversión social. Es muy difícil realizar modificaciones presupuestarias para transferir recursos de un capítulo a otro, ya que gran parte del gasto está ya comprometido en personal o mantenimiento del Estado de bienestar, y el pago de los intereses y amortización de la deuda sacrosanta. En los Presupuestos Generales del Estado de 2016 se destinan 33.490 millones de euros para pago de intereses. La drástica disminución del gasto discrecional reduce al mínimo las alternativas u opciones políticas. Si un partido político accede al Gobierno se encuentra casi siempre maniatado por las decisiones de los que les han precedido. Luisa Fernanda Rudi abandonó el gobierno de nuestra comunidad dejando una deuda de 6.626 millones, que condiciona las políticas del de Javier Lambán.
La crisis no ha hecho más que agravar el margen de maniobra de los gobiernos, que se ven cada vez más limitados. Según Daniel Innerarity, el escenario político se ha poblado de conservadores que han hecho de las limitaciones su gran disculpa, progresistas que no saben cómo gestionarlas y un público que no entiende lo que está pasando y está cada vez más decepcionado con la política.
Los estados al seguir endeudados tienen que seguir recurriendo al crédito, por ello los mercados financieros les siguen teniendo bajo control, incluso aunque hayan reducido la deuda y conseguido el equilibrio presupuestario. La presión es de tal envergadura que mediatiza completamente a nuestros sistemas políticos. El capitalismo financiero supone uno de los mayores retos a los que se han visto sometidas nuestras democracias en toda su historia. Para Boaventura de Sousa Santos, entre los diferentes fascismos actuales está el fascismo financiero, el más virulento, ya que es el más refractario a la intervención democrática.
Mas, esta presión alcanza tanto a los gobiernos actuales como a los futuros. Los partidos en la oposición en países muy endeudados no pueden prometer que no realizarán recortes, lo que reduce las posibilidades de que los electores prefieran algo diferente. La falta de alternativa desanima a los votantes y de ahí los populismos, que como saben que no llegarán al poder, pueden hacer promesas utópicas. Para los que aspiran a gobernar, prometer algo que no pueden cumplir es tan letal como dar la impresión de que harán lo mismo que sus rivales. En definitiva o no hay alternativa o la que hay es tan irracional que es como si no existiera. De ahí el desencanto.
El pago de la deuda es lo que justifica las políticas de austeridad. No obstante, debemos profundizar para entender la trascendencia de la deuda en el sistema neoliberal. Maurizio Lazzarato en La fábrica del hombre endeudado, nos señala que la deuda actúa como mecanismo de "captura", "depredación" y "extracción" sobre la sociedad en su conjunto, como un instrumento de mandato y gestión macroeconómicos y como mecanismo de redistribución de la renta. El neoliberalismo descansa sobre la lógica de la deuda. Los grupos de poder se han servido de la crisis financiera para extender y profundizar en la política neoliberal; y amenazando con una visión apocalíptica del impago de la deuda soberana, perseveran y profundizan en un programa ansiado desde los años 70 del siglo XX: reducir salarios y pensiones al mínimo imprescindible, eliminar derechos socio-laborales y recortar el Estado de bienestar.
¿Cómo se sale de este laberinto? Habría que realizar una auditoría de la deuda pública. Algo que no es revolucionario. Su posibilidad está contemplada en la propia legislación europea: el Reglamento 472 / 2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, plantea expresamente que "un Estado miembro sometido a un programa de ajuste macroeconómico efectuará una auditoría exhaustiva de sus finanzas públicas a fin, entre otras cosas, de evaluar las razones por las que se ha incurrido en niveles excesivos de endeudamiento y de detectar cualquier posible irregularidad". Una vez realizada la auditoría, no debería pagarse la deuda odiosa y reestructurar el resto, mutualizándola. Y persecución implacable de la evasión fiscal --un delito-- y de la elusión fiscal --trucos legales para pagar menos--. De esta última es experto el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.
Profesor de Instituto
