El Justicia de Aragón acaba de instar al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno aragonés a analizar y supervisar la gestión de los puntos de encuentro familiar. Lo hace tras la queja interpuesta por una mujer maltratada que denuncia que sus dos hijas han estado en situaciones de riesgo ante la conducta del padre de ambas cuando acude a verlas. No es la primera vez que se habla de las carencias que sufren estos centros y la falta de personal para hacer frente a las potenciales situaciones que se producen en algunos casos. La Administración debe garantizar en estos puntos la seguridad y la correcta protección de las personas usuarias y de los profesionales que las atienden.