Quizás alguno de ustedes aún recuerde este palabro, "flexiseguridad", fruto de la incontinencia conceptual de los funcionarios de la Comisión Europea, allá por los inicios de esta centuria. Hacía alusión a la necesidad de adecuar nuestro entorno institucional, particularmente el laboral, a un contexto mundial de globalización en ascenso que, al parecer, exigiría de mayores niveles de flexibilidad en todo los órdenes de la vida social y económica. Como contrapartida se introducían mecanismos compensatorios en materia de seguridad para los ciudadanos que vieran alteradas sus posibilidades de mantener una corriente regular de ingresos y pudieran sobrevivir en condiciones adecuadas a un cierto estándar de calidad de vida. Así, el ciclo vital de los ciudadanos, se diseñaría como una secuencia en la que se alternarían momentos de ocupación laboral con otros de búsqueda de empleo (desempleo), en buena medida por imposición de las transiciones laborales exigidas por la mayor flexibilidad.

Durante este tiempo las administraciones públicas se encargarían de facilitar elementos de seguridad para la continuidad del flujo de rentas (subsidios de desempleo, etc.) y para la mejora en las expectativas de empleo, aumentando la denominada empleabilidad de los buscadores, a base de mayores cotas de formación (capital humano) para adaptarse a un entorno ocupacional cambiante. Es decir trabajo flexible, pero asegurado con subsidios y formación. Sobre esta base conceptual se desarrollaron las Estrategias de Lisboa y, más concienzudamente, la Europa 2020, que habrían de alumbrar un camino exitoso de los miembros la UE hacia esa arcadia "flexisegura".

Sin embargo las cosas, en el sistema socioeconómico de los diferentes países miembros de la Unión, no parecen discurrir por esos derroteros. Asistimos, a lo que podríamos denominar un cambio de era, entendido como una modificación sustancial del paradigma que venía rigiendo los destinos de los sistemas económicos europeos.

Dicho paradigma, basado en el discurso teórico del keynesianismo y construido sobre la base de una pacto social explícito entre los interlocutores sociales (gobiernos, empresarios y sindicatos y sus respectivos adalides políticos), lo que venimos denominando como Estado de Bienestar, se ha ido deteriorando en las últimas tres décadas dando paso un panorama políticamente más desarticulado y económica y socialmente mucho más desigual, sin que hasta la fecha se haya alumbrado un paradigma económico alternativo, más allá de la creciente hegemonía del mercado, que permita asentar otro largo periodo de estabilidad social.

En el ámbito de la UE las políticas de austeridad habilitadas, como mecanismos de intervención sobre los efectos de la profunda crisis vivida entre 2007 y 2014, no sólo no han contribuido a la definición de ese posible paradigma alternativo de mayor estabilidad política, económica y social, sino que, al contrario, están profundizando en la inestabilidad, lo que sin duda está afectando de forma intensa al propio proceso de construcción de la Unión Europea.

En este contexto, los funcionarios comunitarios han tratado de suplir el antiguo modelo keynesiano, centrado en el trabajo como eje de la relación económica y social, en otro alternativo que, asumiendo la supremacía del mercado en la organización socioeconómica, relega a segundo plano el papel del trabajo, priorizando el hipotético crecimiento económico sobre la base del discurso mercantil. En realidad, esta es la base de lo que han definido como la "flexiseguridad", definido como un proyecto que busca profundizar en la flexibilidad en la relación laboral, que rompería con la estabilidad en el empleo característica del paradigma del keynesianismo del pasado siglo.

En la perspectiva española, este enfoque no ha alterado, sino más bien al contrario, lo que ya se venia desarrollando desde, al menos, la década de los ochenta, un proceso intenso de deterioro en la calidad del empleo ofertado, caracterizado por la inestabilidad y la devaluación de los salarios, sin que los elementos de seguridad se hayan expandido de forma significativa. Todo lo contrario: en el transcurso de la crisis que se inició en 2007, se asiste a un retroceso en los mismos: los subsidios de desempleo u otros recursos ligados a la prestación laboral y a las políticas activas de empleo han sido víctimas propiciatorias de las políticas de austeridad en nuestro país, al tiempo que la desregulación laboral, especialmente con la reforma laboral de 2012, avanzaba sin cortapisas.

Como otros varios desarrollos conceptuales de la inasequible al desaliento burocracia europea, la "flexiseguridad" estrella de los debates socioeconómicos ha pasado a los legajos de la historia política de nuestro continente, arrasada por los efectos de la Gran Depresión 2.0. En esta ocasión, y para el caso español, ni siquiera ha sido sustituida por propuestas que nos permitieran por lo menos recuperar en el empleo previo de la crisis en la que nuestra tasa de desempleo bajo del 8%.