Los derechos de las personas con discapacidad son Derechos Humanos, esto es irrefutable, como son los de la mujer, los de los niños y los de todos los seres humanos. No sé en qué sociedad vivimos que hace necesario que se hagan leyes específicas para que no se vulneren esos derechos. Así lo ha visto el Gobierno de Aragón trazando un Anteproyecto de Ley de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad, para configurarlo dentro de un marco jurídico y que se sitúen en iguales condiciones que el resto de los ciudadanos. Lo que me ha llamado la atención es el régimen sancionador que se establece cuando existan vejaciones, coacciones, amenazas, represión… un largo etcétera que engloba hechos delictivos hacia un discapacitado por el mero hecho de serlo; suponía que estos delitos estaban implícitos dentro del Código Penal. Lo cierto es que vivimos en una sociedad fútil en la que la apariencia condiciona la buena o la mala consideración que los demás dispensan a tu alrededor. La ciudadanía va desembocando en una especie de autismo social; la frase: va a su bola justifica acciones desconsideradas hacia los demás, formas y maneras impropias que no son ni siquiera reseñables, de cualquier manera hay leyes que refuerzan lo que por derecho se establece pero, para que puedan ser efectivas, tienen que tener una habilitación presupuestaria precisa que garantice su cumplimiento, y de eso nada se sabe. La nueva Ley pretende dar garantías de acceso, mayores oportunidades laborales, autonomía, en definitiva, conseguir una «sociedad inclusiva y accesible», para ello habría que empezar exigiendo la modificación de tanto bordillo infranqueable para los ciudadanos con discapacidad, porque a esto, a la discapacidad, lo más probable es que lleguemos la mayoría.

*Pintora y profesora