Eufórico por el oxígeno que le dan los buenos datos económicos, Mariano Rajoy compareció ayer ante los medios de comunicación (lo cual, de por sí, ya es casi una noticia) para hacer balance de la legislatura antes del periodo vacacional. Tras su declaración ante el tribunal que juzga una parte de la trama Gürtel, el presidente ha multiplicado sus apariciones públicas como una forma de tapar rápidamente su incómoda imagen testificando en la Audiencia Nacional. En su comparecencia de ayer, Rajoy minimizó su presencia en el juicio por corrupción (al que se refirió como un caso de hace diez años) y centró su mensaje en la bajada del paro y en la mejora de expectativas de crecimiento de este año, así como en generar tranquilidad ante el delirante desafío secesionista catalán. De este modo, la situación política en Cataluña -con ese engendro de referéndum ilegal del 1-O anunciado por Carles Puigdemont encima de la mesa- centró buena parte de su intervención.

Impertérrito en su discurso habitual (en Cataluña debe regresar «la mesura, la moderación y el sentido común»), Rajoy anunció la decisión de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la increíble reforma del reglamento del Parlamento catalán que permitiría a los independentistas la aprobación en un solo día de las leyes secesionistas y convocar de manera oficial el referéndum del 1 de octubre. Rajoy basa su decisión en el informe del Consejo de Estado que avala la impugnación ante el Constitucional.

Argumenta el presidente del Gobierno que el nuevo reglamento vulnera el derecho de participación política de la minoría parlamentaria reconocido en la Constitución. Y está cargado de razón en este planteamiento, pues la aprobación exprés de una legislación de tanto calado, sin debate parlamentario, es una auténtica aberración que socava los principios fundamentales de la propia democracia participativa. Rajoy demostró una vez más en su intervención que fía toda su estrategia ante la situación política catalana a la vía judicial. Si en el momento actual, cuando la Generalitat ha expresado su voluntad de convocar un referéndum que es ilegal según el ordenamiento judicial, es coherente su postura y es de agradecer su firmeza, de cara al día después cabe recordarle al presidente que la vía únicamente judicial no soluciona un problema político sobrealimentado con hiriente regodeo desde la Generalitat.