El concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, ha convocado a la prensa esta semana para decir que está indignado, indignado por el mismo asunto que ya le indignó hace dos años, cuyo resultado fue el cese del jefe de Servicio de Parques y Jardines. Entonces, el concejal acusó a FCC de hacer trabajos en el jardín del citado funcionario por los que pasó una factura al Ayuntamiento de 135.000 euros. Sonaron campanas en ZeC ante la posibilidad de haber descubierto una Púnica, una Gürtel, ¡algo!, pero el funcionario presentó la factura que había pagado a FCC por esos trabajos: 371,02 euros, una cantidad más acorde a las dimensiones del jardín, 83 metros cuadrados. El caso es que al funcionario cesado le dieron otra jefatura de servicio, muy rumbosa también, y la compañía acusada de facturar por trabajos no realizados no cumplió la amenaza de llevar a Cubero a los tribunales, así que el asunto se archivó por falta de chicha. Raro, ¿no? Y ahora viene cuando Cubero recuerda aquel episodio que le indignó tanto hace dos años como inicio de su campaña política para municipalizar el servicio y funcionalizar a los jardineros. Dice que tiene «sospechas» y también «evidencias» de que FCC, implicada según él «en numerosos casos de corrupción en todo el país», ha sobornado a funcionarios de esta casa (el Ayuntamiento) y de esta ciudad. Lo lógico y sensato es que con estas evidencias Cubero fuera directamente a la Fiscalía. Pero no, dice que antes va a preguntar a la compañía si ha sobornado poco, mucho y a quién. Raro, no. Rarísimo.

*Periodista