En la sociedad española actual hay una idea muy extendida sobre la ilimitada capacidad financiera del Estado y sobre sus obligaciones, ilimitadas por supuesto, hacia sus ciudadanos. El yo tengo unos derechos, el yo pago mis impuestos, el yo he cotizado toda la vida, el yo… es un argumento para reclamar unas compensaciones que no solemos comparar con nuestras aportaciones y las condiciones económicas del estado. Para ayudarnos en nuestra pereza reflexiva y argumental cogemos la muletilla de los políticos, la corrupción, el despilfarro, los favoritismos… Cierto que todas esas cosas existen pero pongámoslas en su lugar y no generemos un mar de confusiones, que precisamente, permite a los corruptos y los evasores escurrirse en ese totum revolutum. La idea es muy simple: tenemos unos derechos y el dinero público viene del cielo y por eso es inacabable. Algunos datos, sin realizar cálculos exhaustivos no sea que nos perdamos el partido de la Champions o cualquier otro evento, pueden ayudarnos a ser algo más precisos en nuestras reflexiones y demandas.

En España somos entre 46 y 47 millones de habitantes. Los trabajadores ocupados superan en estos momentos los 18 millones. Esto significa que cada ocupado atiende a, más o menos, 2,5 personas. Recordemos que de estos ocupados, entre 2 y 3 millones no tienen una jornada completa de trabajo. Si consideramos la estructura poblacional, en estos momentos tenemos en torno a 10 millones de pensionistas. Nuestro sistema de pensiones es un sistema de reparto que, como sabemos, se caracteriza por que los pensionistas cobran básicamente de las cotizaciones de los trabajadores actuales. Las perspectivas demográficas basadas en la evolución vegetativa, y a expensas de lo que ocurra con la emigración, señala que la proporción entre cotizantes y perceptores, cuando los baby boom lleguemos a la edad de jubilación, presentará una situación realmente complicada. Podemos hacer todos los malabarismos que queramos. Algunas cuentas de nuestro modelo actual son preocupantes y, a mi modo de ver, injustas. Veamos. Las cotizaciones sociales de empresas y trabajadores rondan, por hacer números sencillos, el 30% del salario bruto. O sea las cotizaciones de 3 años, más o menos cubren la pensión de un año. Si una persona se jubila a los 35 años de trabajo, con los consiguientes periodos contributivos, se puede decir que en 12 años (3 por 12 =36 años) ha recuperado todo lo cotizado. Es decir, a los 77 años suponiendo que se haya jubilado a las 65, un pensionista ya ha alcanzado todo lo puesto. ¿Y el resto de dónde viene? De donde va a venir: del cielo sin ninguna duda.

Nuestro sistema público de pensiones constituye un activo a defender que ha dado estabilidad y cierta seguridad a una mayoría de pensionistas y familias españolas, todo ello desde una dimensión notablemente redistribuidora y equitativa: la pensión máxima es 4 veces la mínima, nada que ver con las diferencias que hay entre los salarios en la vida activa. En consecuencia creo que debería tratar de mantenerse pero también debería pensarse en los pensionistas futuros. No se qué solución tiene. Posiblemente una mezcla de varias medidas que se hablan. En todo caso, quienes tienen responsabilidades que den la cara y sean claros. No se fíen de las soluciones mágicas

En relación a los futuros pensionistas, de momento les ponemos unos sueldos muy bajos y por tanto cotizaciones bajas. Tan es así, que hay provincias en España en las que más de la mitad de los trabajadores tienen salarios por debajo de la pensión media, situada en torno a los 1.080. Es cierto que a nuestros jóvenes les dejamos un país con infraestructuras y les hemos dado más formación de la que la mayoría tuvimos pero también les dejamos una deuda de casi el 100% del PIB (de momento), que en estos tres años de crecimiento económico no hemos sabido reducirla. ¿Qué pasará cuando suban los tipos de interés y no crezcamos tanto? Nuestra sensibilidad ambiental ha subido mucho en estos años pero la social creo que adolece de bastantes carencias, demasiado egoísmo y mucho mercadeo electoral.

*Universidad de Zaragoza