Uno de los principales objetivos de los partidarios del brexit era recuperar la soberanía. Sin embargo, la primera ministra Theresa May y todos los ministros partidarios de abandonar la UE han obviado la principal institución que es depositaria precisamente de dicha soberanía, el Parlamento. Ha tenido que ser el Tribunal Supremo en segunda instancia quien declarara que es el Legislativo quien ostenta el poder constitucional, así como la autoridad legal, para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa.

May pretendía actuar por su cuenta, como un simple acto de gobierno, sin considerar que en materia tan importante como es la ruptura de un tratado internacional no podía pasar por encima del Parlamento que es donde en 1972 se aprobó la ley por la que el Reino Unido ingresaba en la entonces CEE. Ahora una ley redactada a toda prisa será sometida a las dos cámaras y lo más probable es que se apruebe dando vía libre a la invocación del citado artículo 50. Los conservadores disfrutan de mayoría aunque no todos están a favor del brexit, pero es de suponer que nadie querrá oponerse a una decisión aprobada en referéndum. Lo mismo ocurrirá con los diputados laboristas. Sin embargo, el camino no está libre de sorpresas y más todavía tras un fallo que debilita a la primera ministra y que demuestra que el Parlamento es soberano.

Los motivos parecen ser varios: ha subido el precio del gas, las renovables van al ralentí, le estamos vendiendo electricidad a la nuclear Francia (justo lo contrario de lo que se nos contó en su día) y además el recibo de la luz integra unos peajes de extraña naturaleza que redondean un récord tras otro. En resumen: España tiene una de las energías más caras de Europa, lo cual supone un serio inconveniente tanto para las familias (sobre todo aquellas que han perdido poder adquisitivo y luchan por no hundirse en la pobreza) como para las empresas, cuya competitividad sufre en consecuencia.

La Fiscalía está investigando si existe una manipulación de los precios, lo cual no sería tan extraño pues ya se han dado casos flagrantes en otros sectores controlados asimismo por reducidos y poderosos oligopolios. A su vez, el Gobierno se cubre con excusas y vagas promesas. Olvida que en anteriores etapas privatizó por completo las eléctricas, liberalizó las tarifas y presumió de saber cómo bajar el recibo y beneficiar los tan manidos «intereses generales». ¿Y ahora?

Lo cierto es que el sector de la energía arrastra disfunciones evidentes. Frenar las renovables, apostar por el ciclo combinado y empeñarse en alargar la vida de las nucleares tal vez encaje en el interés de las compañías y las obsesiones ideológicas del PP. Pero no es operativo. A la vista está.