Aragón es una de las siete comunidades que suspenden en la aplicación de la ley de la dependencia. Tal como recoge el balance de los últimos tres años y medio del Observatorio Estatal de la Dependencia, hasta 100.000 personas en todo el Estado con derechos reconocidos han fallecido sin recibir la prestación. El documento fija en 2.000 millones los recortes aplicados por el PP sobre los dependientes. Unos recortes de lo más lacerantes, puesto que la ley otorgaba unos derechos a prestaciones que no se vieron acompañados de las partidas presupuestarias correspondientes.
