Si los recortes en la educación aragonesa supondrán directamente la pérdida de 500 puestos de profesor admitidos por la consejera y el doble o triple, según los sindicatos, --además de las carencias que repercutan en el alumnado--; en la sanidad las perspectivas se vislumbran más dramáticas. Afectarán directamente a la atención sanitaria de unos 15.000 inmigrantes simpapeles a los que se les deniega el derecho, excepto la atención de urgencias. Una decisión que incluso podría obligar a modificar el Estatuto de Autonomía para dar cobertura legal a semejante medida. Pero no es el único colectivo afectado, los pacientes que necesiten transporte sanitario no urgente y material ortoprotésico tendrán que pagarlo parcialmente. La cuantificación gubernamental es puramente económica, falta hacer la social. Un impacto que está por descubrir.
