Se ha convertido en tema de actualidad en Aragón el tema de la reforma del impuesto de Sucesiones (IS), defendida desde la derecha, PP, Cs y Partido Aragonés. La izquierda del PSOE, CHA, IU y Podemos se manifestaban en contra. Pero el Gobierno de Lambán con apoyo de la CHA acaba de aprobar en el Consejo de Gobierno de 11 de mayo la reforma del IS, para remitirla a las Cortes y su discusión sin tener garantizada la mayoría para su aprobación. El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, ha manifestado su disposición a negociar, pero ha dejado muy claro que es «inamovible» la esencia de la reforma fiscal pactada con Cs, consistente en elevar de 150.000 a 500.000 euros el límite de exención para tributar, independientemente del patrimonio de los herederos y solo en el caso de padres, hijos y cónyuges.

Lambán recientemente afirmó la justicia del IS por su progresividad, al cargar sobre los ricos y no sobre los pobres y las clases medias, pero que se planteaba algún tipo de armonización, porque no era razonable que Aragón pague más que la media del resto de CCAA, ya que Andalucía y Extremadura, unilateralmente y sin avisar, lo redujeron brutalmente y le dejaron en una situación bastante desairada. Por ende, al final Lambán claudicó y los planteamientos de la derecha se han impuesto nuevamente. Todo ello producto de la expansión de una fobia descomunal por los impuestos, reflejada en la tesis «donde mejor están los dineros es en los bolsillos de los ciudadanos». Gran dilema. ¿Servicios públicos escandinavos con impuestos tercermundistas?

Según Jesús Mota, el argumento antisucesiones insistente y con gran difusión mediática, se basa en que el capital que recibe el heredero ya ha tributado en vida del donante. Pero omite que el impuesto tiene una función social (corregir la desigualdad que ratifica socialmente una herencia); que el acto impositivo del heredero es distinto del acto tributario pagado por quien generó el capital transmitido y que cualquier capital o renta está sometido a más de una imposición en la práctica, puesto que cuando se gastan los ingresos sujetos a renta soportan impuestos indirectos. Es muy aleccionador el artículo de Lidia Brun, Impuesto de Sucesiones: una herramienta. esencial para combatir la desigualdad. Indica que el IS tasa una transferencia de patrimonio, y la persona beneficiaria está pagando por primera vez. Decir que es una doble imposición sería lo mismo que decir que lo es el IVA porque ya hemos pagado el IRPF sobre nuestro sueldo. Además, afecta a muy poca población, la de mayor patrimonio, mientras que la gran mayoría de herencias están exentas o con grandes bonificaciones. En Aragón, según datos de la Dirección General de Tributos con la legislación actual y con los datos fiscales de 2016, de los 24.843 familiares directos que heredan, ya no pagan 23.439, es decir, el 94,3%. Elevar la exención de 150.000 a 500.000 para las herencias entre padres, hijos y cónyuges, beneficiará a 1,237 contribuyentes.

En una sociedad como la española, donde el 10% más rico posee más de la mitad de la riqueza, y la mitad baja apenas el 6.6%, desde la derecha se crea el discurso, que cala en el ciudadano, de la falsa injusticia del IS, y así se está minando paulatinamente la legitimidad recaudatoria del Estado, que es el seguro colectivo de que el progreso se convierte en Bienestar compartido.

Es cierto que el diseño del IS dista de ser óptimo y habría que debatir sobre su mejora para hacer su recaudación más progresiva y efectiva. Se debería armonizar, tanto de mínimos exentos como de tipos impositivos entre las diferentes CCAA. Ya que la situación actual propicia el dumping fiscal o la competencia desleal, por la facilidad de los residentes de otras comunidades para empadronarse donde la fiscalidad sea más conveniente. Allí dónde el capital se mueve libremente, debería haber la misma fiscalidad.

Para el economista Branko Milanovic, es incompatible defender una sociedad meritocrática, como defiende Cs, y estar en contra del impuesto de sucesiones, que tiene una larga historia dentro de la tradición del liberalismo progresista, que ponía énfasis en la igualdad de oportunidades y la necesidad de igualar las condiciones en la que los ciudadanos de distintas procedencias «entran» en la sociedad. Quienes lo hacen sobre un patrimonio heredado, tienen ventajas «inmerecidas» sobre el resto, y más probabilidad de tener mejor fortuna por la simple razón de que el capital genera rentas. Sin olvidar que además del patrimonio material, las familias con más recursos ya han proporcionado a sus descendientes una formación de calidad, y un gran bagaje de capital social y cultural (red de contactos, empoderamiento, etc.), cuya igualación es una quimera.

Los expertos en desigualdad saben que las herencias son el mecanismo más importante de perpetuación de la desigualdad entre generaciones, permiten la acumulación de grandes patrimonios y minan los principios básicos de una sociedad liberal y democrática.

La izquierda en lugar de preocuparse por inventarse nuevas banderas en reemplazo de la igualdad, debería conservar ese estandarte. La lucha por la igualdad es irrenunciable. Hay razones. ¿Cuánta desigualdad puede tolerar una democracia?.

*Profesor de instituto