En medio del vertiginoso proceso de cambio político y social que vive España, las voces de los intelectuales son imprescindibles. No siempre se atienden como merecen, circunscritas muchas veces a ámbitos académicos o deliberadamente ignoradas cuando son incómodas, denostadas o esgrimidas como arma partidista en otras tantas ocasiones. No debería ocurrir lo mismo con el informe para la reforma constitucional elaborado por el Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid, en el que han participado una veintena de catedráticos de diversas facultades españolas y letrados de la administración dirigidos por Javier García Roca, entre ellos los aragoneses Julio López Laborda y José Tudela. El edificio del Estado, construido en un árbol de leyes y prácticas que presentan una raíz común constitucional, necesita renovar sus consensos para seguir siendo garante de la convivencia. Y para conseguirlo, el análisis de los expertos es imprescindible.
El trabajo realizado durante el último año y medio no solo es uno de los pocos que aborda la reforma de la ley de leyes, sino que por metodología y por clarividencia en la exposición es uno de los más serios y rigurosos realizados en los últimos años. En apenas 140 páginas sintetiza un prolijo trabajo de año y medio y sienta las bases sobre las que nuestros representantes públicos, que ostentan la legitimidad de abordar el debate de la necesaria revisión constitucional, deberían adentrarse en tan espinosa materia.
Las conclusiones son interesantísimas. La primera, y más evidente, la necesidad de abrir un proceso de reforma de la Constitución sin prisa pero sin pausa. Abordándolo al igual que lo hacen periódicamente otros países europeos capaces de evolucionar su Carta Magna sin tirar por la borda los textos precedentes, como sí ha ocurrido en los últimos 200 años en España. Y partiendo de la premisa de que las constituciones se defienden actualizándolas, para lo que se necesitan consensos ciudadanos y políticos decididos, capaces de ponderar la necesidad de los cambios y de no precipitarse con los ritmos necesarios para su aplicación.
El informe no pasa por encima de los temores a equivocarse al abrir semejante melón, pero como consideran los expertos la reforma constitucional no es un camino sin retorno, y si la reforma solo se inicia "esperando estar absolutamente seguros de los resultados jamás podrá hacerse". Ninguna Constitución, tampoco la española, es inmodificable.
Otra de las ideas clave del análisis radica en la necesidad de incorporar la cláusula constitucional europea como forma de subrayar el compromiso continental de España con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europa. Desde luego que existe el riesgo de convertir la Constitución en un nuevo catálogo de derechos fundamentales que quede invalidado por su propia extensión, pero no atender la nueva realidad de España en el contexto europeo y mundial sería una oportunidad perdida para la perdurabilidad de un texto constitucional renovado.
DEL MISMO MODO, una reforma de calado debería suponer un cambio profundo en los sistemas de representación política, con modificaciones en el sistema electoral del Congreso, en la reconversión del Senado como cámara territorial verdadera. Y también con cambios en el funcionamiento de los partidos políticos, en la mejora de la democracia participativa, en el funcionamiento del propio Tribunal Constitucional o en la abolición de la discriminación femenina en la sucesión a la Corona. El informe también alude a la distribución de competencias y a la justa financiación a las instituciones que prestan los servicios.
Uno de los asuntos más complejos es el vínculo del Estado con las comunidades autónomas con mayores tentaciones separatistas, preservando la unidad, la autonomía y la solidaridad como principios rectores de un nuevo equilibrio. Es precisamente este punto donde los expertos que firman el estudio son menos propositivos, dejando puertas muy abiertas y no abogando por ninguna de las salidas que están sobre la mesa tras el desafío catalán. Ni aparece el término federal, ni se abogan por salidas concretas. Probablemente tampoco sea necesario, pues no es asunto de las facultades de Derecho la resolución del modelo territorial.
Cualquier reforma estructural requiere de tacto y prudencia, pero también de determinación frente al inmovilismo al respecto del PP de Mariano Rajoy o a las ansias de iniciar un proceso constituyente alternativo que preconizan otras fuerzas políticas que buscan espacio institucional como Podemos de Pablo Iglesias. Por eso el estudio como el realizado por el Instituto de Derecho Parlamentario de la Complutense representa un magnífico punto de partida para no dilatar más en el tiempo un debate que tarde o temprano pasará de la calle al Parlamento.
