Solo los españoles que ahora tienen más de 59 años han votado la vigente Constitución. Lo que quiere decir que solo la ha votado en torno al 25 % de los españoles actuales. Desde 1978 la Constitución solo ha sido modificada en dos ocasiones y las dos por exigencia de la Unión Europea. La primera en 1992, por unanimidad de los grupos parlamentarios, para incluir el derecho de los ciudadanos europeos a votar y ser elegidos en elecciones municipales; la segunda, mucho más polémica, en 2011, para consagrar en el artículo 135 el principio de estabilidad presupuestaria. Aparte de estos dos cambios ha habido amagos de propuestas reformadoras, siempre provenientes desde uno de los dos grandes partidos (PSOE y PP), y siempre estando en la oposición. Cuando llegan al gobierno se olvidan de sus propuestas reformadoras.
La última propuesta la hizo el PSOE, en su Congreso de Granada (julio de 2013). Era una propuesta interesante aunque no concretaba su modelo federalizante y supeditaba la reforma excesivamente al conflicto catalán. Sin embargo, era fundamental su intención de blindar los derechos sociales y convertirlos en derechos subjetivos. En general, podría ser un buen punto de partida siempre que todos los partidos lo asuman básicamente para una negociación patriótica y no partidaria. No podemos exigir el consenso de 1978 porque hoy es imposible. Entonces se trataba de transitar de una dictadura a una democracia. Y se hizo muy bien. Ahora se trata de perfeccionar la CE, y eso es no es algo tan trascendente.
Hay que decir con énfasis que la CE de 1978 ha posibilitado uno de los periodos más brillantes de la historia de España. Y la reforma no supone renegar de la misma, sino perfeccionarla para que siga cumpliendo su cometido de configurar la mejor convivencia posible entre los españoles. La Constitución española figura entre las mejores constituciones europeas, que es como decir mundiales. Y, por eso mismo, quizás sea más urgente implementarla socialmente que reformarla. O reformarla y durante su proceso (que será lento) implementarla con leyes y normas que no requieren de su reforma. El primer problema de España no es la Constitución ni Cataluña, sino la economía y la consolidación del Estado de bienestar.
Hay una perspectiva desde la que hacerse la pregunta de si hay que modificar la CE. Consiste en identificar los grandes problemas de España y pensar si cambiar la Constitución puede ayudar a resolverlos. Y el primer problema español es el paro, para el que me temo que pocas recetas pueden ofrecer los constitucionalistas, más allá de las que ya contiene nuestra Constitución económica: derecho al trabajo y a una remuneración suficiente, libertad de empresa, seguridad social, negociación colectiva, etc. Ahora se habla mucho de la Renta Básica, pero para eso tampoco hace falta modificar la CE.
Tampoco me parece que haya que cambiar la Constitución para combatir la corrupción, el segundo problema español según todos los sondeos. Todas las propuestas normativas que se han propuesto para luchar contra ella tienen perfecta cabida en la legislación ordinaria: castigar con más dureza la prevaricación, reforzar las competencias del Tribunal de Cuentas, incrementar la transparencia de las instituciones, prohibir los indultos, etc. Una medida casi revolucionaria sería tramitar con celeridad los 1.700 sumarios abiertos en España por casos de corrupción, y eso solo requiere medios y organización y, sobre todo, voluntad política.
Por último, y entrando directamente en el conflicto catalán, podría teorizarse el independentismo catalán desde el déficit social. El independentismo catalán ha sido promovido por una élite nacionalista con capacidad de destilar un discurso ideológico que se ha impuesto hegemónicamente en la sociedad catalana. Si ese discurso ha calado es por un motivo: porque las clases medias y las clases populares están sufriendo el desmantelamiento del Estado social y se les ha hecho creer que con la independencia recobrarían los beneficios sociales que les ha arrebatado el Gobierno popular. Silencian el expolio de CiU a los catalanes. Engaño, manipulación y misticismo.
Pero, al menos, se ha abierto el camino de la reforma constitucional. Ahora bien, entre la urgencia de la reforma constitucional y el inmovilismo hay una vía intermedia y gradual: ir hacia una reforma pero sin urgencias. Y esa reforma debería abarcar fundamentalmente el modelo territorial y el modelo social de España. Para ello hay que diseñar un proyecto de futuro para España e ir trabajando un consenso patriótico y no partidario. Mientras tanto, hay que ir elaborando las normas y leyes que no requieren reforma constitucional y que solucionen los grandes problemas que no tienen espera: paro, desigualdad social, sostenimiento de las pensiones, corrupción, mayor independencia judicial, regeneración institucional, etc.
*Profesor de FilosofíaSFlb
