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Reformas penales innecesarias

El populismo preside los cambios en la justicia dado que España no es un país con mucha violencia

JOAN J. Queralt, Catedrático de Derecho Penal. 18/09/2012

¿Ha padecido usted, familiares, allegados o conocidos un ataque terrorista? ¿Un asesinato? ¿Una violación con desaparición de la víctima? Afortunadamente, la respuesta será negativa: ni se ha sido víctima de uno de estos gravísimos delitos ni se tiene conocimiento próximo de tal lamentable vivencia. España es uno de los países más seguros de la UE; un escaso número de jueces y fiscales, auxiliados de una numerosísima políticia, garantiza adecuadamente la seguridad. En números relativos y casi absolutos España es la primera potencia carcelera europea, formando una tripleta con el Reino Unido y Polonia. España, además, es un país muy poco violento, con una tasa de infracciones agresivas muy inferior a la media europea; ahí se lidera con Italia, Portugal, Grecia y Eslovenia el ránking de la tranquilidad.

Lo ponen de manifiesto las estadísticas propias y las europeas. Todas ellas marcan una moderada, pero constante, tendencia a la baja de la delincuencia, a la par que aumenta la efectividad represiva. Pero no solo lo dicen las estadísticas oficiales; lo ponen de manifiesto las encuestas de victimización, esto es, los estudios en los que las personas dicen haber sufrido un delito, y lo ponen igualmente de manifiesto las denuncias registradas. Solo hay una nota disonante: la opinión publicada cree que la delincuencia no solo aumenta, sino que aumenta exponencialmente, creencia que el amarillismo de algunos medios no deja de amplificar, retroalimentado una falsedad que la realidad rebate. Una de las reformas penales en ciernes (hay tres) fue publicitada el viernes pasado tras el Consejo de Ministros. Aunque no se ha facilitado texto alguno ni tampoco el informe ministerial, sí existe un comunicado y algún antecedente a las vacaciones. Para esta reforma no se ha tenido en cuenta ningún dato sobre delincuencia y naturaleza de la misma en España referidos.

Las medidas estrella, según el discurso oficial, es el endurecimiento punitivo contra les delitos más graves. Así, en primer lugar, la presión perpetua revisable para terroristas y determinados asesinatos con delitos sexuales, hechos, afortunadamente, poco frecuentes. Lo de prisión perpetua revisable es una contradicción semántica: o lo uno o lo otro. Olvida el anteproyecto, que comparando Alemania que sí tiene la prisión perpetua revisable, y España, con pena máxima de 40 años, la media de estancia en las cárceles alemanas no llega a los 17 años y en las hispanas se supera ese límite ampliamente. De entrada, la prisión perpetua, al ser revisable, deja de serlo, por que no puede serlo: es contraria a la resocialización del delincuente y a la dignidad humana. Sin esperanza de un mínimo reintegro a la sociedad no hay dignidad y sin dignidad no hay persona. Los delincuentes, incluso los más miserables, también son personas. Igualmente llama la atención, un internamiento pospenitenciario, es decir, cumplida la pena carcelaria, de hasta 10 años, para delincuentes incorregibles; o sea una nueva cadena quasi perpetua. Se retoman así las medidas de peligrosidad social del franquismo que el Tribunal Constitucional, por incasables con la Magna Carta, eliminó del catálogo punitivo.

Otra vuelta al franquismo lo representa el castigo como asesinato del secuestro del que la víctima no es hallada. En la práctica dejó de aplicarse en 1988 (caso el Nani) por ser constitucionalmente cuestionable y en 1995 desapreció del elenco delictivo. Algún caso actual, debidamente agitado, es el motor de la reforma, olvidando que las reformas penales tienen efecto a partir de su entrada en vigor, sin retroactividad posible.

 

COMO NOVEDAD publicitaria se lanza la supresión de las faltas. Nominalmente desaparecen una vez reconvertidas la mayoría en delitos leves. Sin embargo, sigue sin abordarse el tratamiento adecuado --ahora inaplicado por grotesco y punitivamente desproporcionado-- de la criminalidad organizada de la pequeña delincuencia y de la multirreincidencia. En cambio, no deja de ser llamativo que ninguna reforma se lleve a cabo sobre la corrupción pública o privada, urbanística, medioambiental. Ni lo que sería más importante, dotar de medios eficaces a los órganos que investigan estas tramas complejas y organizadas, algunos de los cuales, fruto de la política de reformas, ha sido desmantelado. Quizá sean cuestiones menores o acaso molestas. En suma, esta reforma contraviene las exigencias de la seguridad pública: no obedece a ningún incremento de la delincuencia ni, menos aún, de la delincuencia violenta. Responde a las exigencias demagógicas de la opinión publicada y a las escasas competencias que conserva el Ministerio de Justicia, feudo de un ministro curtido muy principalmente en los medios de comunicación. De seguir por esa vía, lideraremos en la más absoluta soledad la liga mundial de la represión por la represión. Mala cosa.

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