Es conocido el distinto rasero que la Iglesia católica emplea para justificar o condenar el compromiso de sus religiosos en los asuntos terrenales. Ahí está el ímpetu con que Juan Pablo II utilizó a la Iglesia polaca en la caída del régimen comunista, al tiempo que reconvenía severamente al sacerdote Ernesto Cardenal por ser ministro en la Nicaragua sandinista. ¿Cuántas manifestaciones ha organizado Rouco Varela? La lista sería interminable. Ahora, la polémica viene por las advertencias que la Nunciatura ha expresado ante las actividades de dos populares monjas de clausura: Lucía Caram y Teresa Forcades. Un fenómeno que también habría inquietado al Gobierno español. Desde una óptica aconfesional, no hay más que defender el derecho de todos a participar en lo público. Si choca con las reglas de un compromiso religioso, eso compete y deben resolverlo los afectados. No un Gobierno. Y si es conveniente que los religiosos no entren en política, también lo es que nadie haga política a su costa.
