En este comienzo de otoño se está discutiendo en el Ayuntamiento de Zaragoza sobre la oportunidad de remunicipalizar la prestación del servicio de la depuradora de la Almozara. Esta instalación, pese a ser propiedad de la sociedad pública municipal Ecociudad Zaragoza -por tanto, en última instancia, de la ciudadanía-, presta su servicio mediante subcontratación con empresas privadas externas.

Podemos pensar que todos partimos de que la prioridad para cualquiera de nosotros es tener un servicio público de calidad a unos costes razonables. Cualquiera diría que esa cuestión debería estar fuera de todo debate político. Que este servicio sea prestado por el municipio directamente o por una empresa privada no es lo esencial, habrá casos de todo tipo. Sin embargo, se escuchan últimamente afirmaciones que parecen poner esta cuestión por encima de la primera. Capuletos frente a Montescos.

Por muy razonable que suene que lo importante es la calidad del servicio público, en los últimos días la oposición ha cargado contra el grupo municipal de Zaragoza en Común simplemente por plantear la cuestión de la posible remunicipalización de la depuradora de la Almozara, que además beneficiaría a las arcas municipales, como luego explicaremos. No habría estado de más este celo, en anteriores legislaturas, para controlar la (pésima, por otra parte) prestación del servicio los últimos años, con el peligro sanitario que ello implicaba. Pero volvamos al presente.

¿Cuáles dirían ustedes que son las razones del grupo socialista para oponerse a remunicipalizar? ¿Falta de experiencia en gestión de depuración? Va a ser que no, porque la sociedad pública Ecociudad Zaragoza ha sido responsable de la supervisión y control del contrato de cesión de prestación de servicios hasta ahora, un conjunto que engloba la EDAR (Estación de Depuración de Aguas Residuales) de La Almozara, sino también la de Alfocea y EBAR (Estación de Bombeo) de Almozara - Plaza Europa, margen derecha - Río Ebro y Monzalbarba, así como la planta de recuperación de agua de la planta potabilizadora.

Entonces, ¿acaso son razones económicas? No lo parece, a juzgar por el estudio económico del personal técnico del propio ayuntamiento de Zaragoza. En dicho estudio se concluye que la remunicipalización es más rentable para todos nosotros. Veámoslo con un un poco de detalle. El informe de la intervención general del Consistorio estima tres escenarios de gestión directa, en los cuales el coste oscilaría entre 1,1 y 1,2 millones de euros. Frente a esto, la oposición propone licitar un nuevo contrato externalizado por un coste de 1,6 millones de euros, entre un 28% y un 42% más. Vamos, que la remunicipalización podría llegar a suponer un ahorro de medio millón de euros al año. Todo ello manteniendo a todos los trabajadores y sus condiciones laborales y, posiblemente, mejorando el mantenimiento de las instalaciones y comprobando cada día los parámetros de calidad del agua.

Las cuentas son claras y aún podrían ser más favorables si consideramos la parte de bien público que satisface el agua de saneamiento. Es algo que va más allá de la mera prestación de un servicio: la salud pública está en juego.

Es difícil elegir un caso más desafortunado para esa estrategia continua de acoso y derribo. Entendemos que la ciudadanía se merece un debate público maduro y abierto al respecto. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza de este viernes puede ser una oportunidad para que los partidos pongan por delante los intereses comunes que tenemos todos los ciudadanos, frente a los intereses privados o de parte. Y, por qué no, para dejar atrás esta especie de zancadilla continua de quienes no saben mirar más allá de las siguientes elecciones.

De ello depende la ciudad que tendremos mañana y, además, la salud de todos y todas.

*El artículo lo firma también Yolanda Sancho, miembros ambos del Consejo Ciudadano de Podemos Aragón