Patrimonio Nacional va a ser demandada por los descendientes de los hermanos Lapeña Altabás, dos anarquistas residentes en Calatayud fusilados en los primeros meses de la guerra civil y posteriormente enterrados en el Valle de los Caídos. El argumento es elocuente: el organismo debe autorizar la entrada de unos especialistas de la familia para proceder a la exhumación de los cadáveres, ordenada en una sentencia judicial, y no entorpecer la operación con trámites innecesarios. ¿Tan complicado es hacer las cosas bien y tratar los asuntos de la Memoria Histórica como se merecen?