Más de mil particulares se han dirigido ya a la Administración por los daños sufridos con la última crecida del Ebro en Aragón. Del mismo modo que urge darles una respuesta, las instituciones competentes no pueden dormirse en los laureles con las medidas a adoptar en el río para evitar futuros daños. La provisionalidad de la política no debe ser óbice para que los planes de ordenación del río avancen. A la vuelta de la esquina, tras el verano, hay que elaborar nuevos presupuestos, en los que habrían de verse reflejados los proyectos.
