La decisión adoptada tras la Conferencia de Presidentes de abordar como problema de Estado la despoblación da cuenta del nivel de trascendencia del asunto al que se enfrenta buena parte de España y, en especial, Aragón. Si ya es preocupante que el 25% de los pueblos de la comunidad no superen los cien habitantes, tanto o más es reconocer que la lista ha crecido un 30% en la última década. Evidentemente es un problema sociopolítico en el que hay que intervenir desde las administraciones, conscientes de que cualquier conjunto de actuaciones no generará resultados en el corto y medio plazo, pero hay que interiorizar que los territorios no pueden ser abandonados. El reto social y político es enorme.