El reto de los presupuestos participativos

En primer lugar, hay que decir que la participación como elemento definitorio de la democracia no es reciente sino que en el artículo 9.2 de la Constitución de 1978 ya se plantea «facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social». Este derecho se entiende como un complemento al sistema de partidos que, según la misma Constitución, son los auténticos representantes de la pluralidad política de la sociedad y garantes, por tanto, de la democracia. A partir de entonces, se desarrollan una serie de normativas tanto a nivel local, autonómico como de gobierno central que incorporan la participación como un instrumento informativo y de consulta.

Sin embargo, la irrupción del 15-M en el año 2011, evidenció la lejanía entre los políticos y la ciudadanía, sintetizado en el famoso slogan del «no nos representan». Una de las alternativas a este modelo será el municipalismo, corriente que considera la proximidad como un medio a la hora de resolver los problemas y necesidades cotidianas. Con la llegada de los «Ayuntamientos del Cambio», estos postulados teóricos tendrán la oportunidad de aplicarse desde las instancias de poder.

La democracia participativa, pasa así de ser un elemento complementario a la democracia de partidos a un aspecto central en la toma de decisiones. Uno de los instrumentos de democracia participativa más desarrollados por los «Ayuntamientos del Cambio» han sido los presupuestos participativos. Una herramienta que pese a que ya hace treinta años de su primera experimentación en Porto Alegre (Brasil), es una práctica política de reciente aplicación en las administraciones españolas. El objetivo principal de esta propuesta es que una parte del presupuesto municipal sea distribuido a partir de las necesidades directamente expresadas por los vecinos y vecinas. Un medio de democracia directa que complementa a la intermediación política de los partidos como manera tradicional de las políticas públicas.

Pese a que el año pasado se ejecutaron más del 90% de las propuestas aceptadas, el escepticismo y la indiferencia a esta nueva forma de hacer política siguen siendo comportamientos muy extendidos en la sociedad zaragozana. Y es que los presupuestos participativos todavía tienen grandes retos que afrontar. Uno es la articulación con la democracia representativa; como se ha demostrado en la posición de algunos partidos políticos, todavía existen reticencias a considerar legítimas estas nuevas formas de hacer política. Otro es la inclusión de nuevos actores sociales a los procesos participativos. Más allá de las organizaciones tradicionales (asociaciones de vecinos, AMPAs, asociaciones deportivas o peñas) es importante que se amplíe la diversidad de propuestas en los barrios, incorporando actores que hasta el momento no han hecho suyas estas nuevas formas de participación. Entre ellos se encuentran los jóvenes, migrantes u otros nuevos grupos organizados de la sociedad como el feminista que hasta ahora no han tenido especial relevancia. Para ello, las nuevas tecnologías pueden jugar un papel esencial, posibilitando nuevos canales de participación que complementen a los presenciales. Sin embargo, hay que tener cuidado con la posibilidad de que este tipo de nuevas prácticas se desvirtúen y acaben convirtiéndose en una especie de videojuego virtual, reduciendo la responsabilidad política a un solo clic.

De lo anterior se desprende que aún nos queda mucho que avanzar en la puesta en práctica de la democracia participativa. La participación requiere tiempo; tiempo para informarse, tiempo para debatir, tiempo para consensuar…y no sé si en una sociedad cada vez más precarizada y enraizada en las realidades virtuales paralelas, el sentarnos y discutir sobre nuestros problemas comunes es una prioridad. No obstante, aceptar la cultura política dominante no debe ser un motivo de abatimiento. Más bien, un contexto desde el que partir. Las formas de hacer política no se cambian en dos días y más cuando se sigue afirmando que el mayor grado de responsabilidad política del ciudadano es votar cada cuatro años. En este sentido, el reto de nuestras democracias es convertir los procesos participativos en algo ilusionante para la gente, accesible, atractivo, que no se vea como una pérdida de tiempo, algo ajeno, sino que puede tener resultados concretos, una oportunidad de mejorar la vida de la ciudad y la del barrio en el que se vive. Sin este cambio de mentalidad será imposible pensar en otro modelo de ciudad posible, por muchos ayuntamientos del cambio que tengamos.

*Sociólogo