He tenido la oportunidad de clausurar esta semana el Summit 2018 organizado en Madrid por la asociación DigitalEs, un encuentro entre empresas e instituciones públicas donde líderes de la innovación y la digitalización han hecho un análisis experto de por dónde va el mundo en uno de los vectores de cambio más profundo y dinámico: la revolución tecnológica impulsada por la digitalización, la inteligencia artificial y la automatización con algoritmos.

Algo que, más allá de nuestra mayor o menor capacidad de comprensión, no es algo abstracto para ninguno de nosotros porque su impacto cambia y cambiará radicalmente nuestra vida cotidiana. Junto a ello, en algunas de las mesas de debate, también se ha visto, en concreto, cómo se está preparando España para abordar este gran desafío global, pero con impacto local.

La primera reflexión se puede hacer en forma de pregunta: ¿estamos preparados, como sociedad y como seres humanos, para lo que está viniendo? Es decir, ¿estamos preparados para vivir 150 años o más, que nos diagnostique y recete un robot cuando estamos enfermos, a viajar en un coches sin conductor, a vivir en casas que hacen la compra por nosotros o envían el coche al taller para la revisión, a trabajar con robots humanoides etcétera?

Hasta ahora el impacto de los cambios ha sido positivo porque los beneficios de lo nuevo se han impuesto claramente a sus riesgos. La duda es si será siempre así o, poco a poco, se irá imponiendo una distopía que resalte los peligros en la relación entre máquinas y seres humanos o entre posibilidades tecnológicas y libertades humanas, entendidas como las hemos entendido desde los griegos.

La segunda reflexión es si están nuestras instituciones preparadas para un cambio de tanta intensidad y en tantas direcciones. Sospecho que la velocidad con que se solapan los cambios nos está pillando por sorpresa de tal manera que cuando concluímos que algo nuevo requiere regulación, el sujeto de la legislación se ha mutado en otro.

La tecnología esta cambiando nuestra frontera de posibilidades a un ritmo que nuestras instituciones sociales (gobiernos, parlamentos, universidades, etcétera), más reposadas, se quedan atrás de manera sistemática. Sin necesidad de creer que vivimos una singularidad histórica, es evidente que nos enfrentamos a posibilidades disruptivas para las que no tenemos respuesta desde nuestros valores tradicionales. A estas alturas, hay muchas cosas que ya sabemos de esta revolución tecnológica. Por ejemplo, que tiene un escaso impacto en la productividad de la economía, que tiende a concentrar los beneficios en pocas manos, que aumenta el riesgo de agudizar la desigualdad social en forma de brecha digital, que va a significar cambios notables en las relaciones laborales, en el vínculo entre tareas y empleos, en el contenido y las maneras con que educamos a los jóvenes y al conjunto de los ciudadanos, en el concepto de seguridad, en algunos derechos y libertades clásicos.

Y en todo este proceso, lo publico, las administraciones, la política son básicas para reducir temores, facilitar que las nuevas tecnologías signifiquen mejoras del bienestar colectivo y preparar a la gente para beneficiarse de las mismas o compensarla frente a sus eventuales perjuicios. En España, ni estamos tan mal como piensan algunos, ni tan bien como dicen otros. Desde que se aprobó la Primera Estrategia Digital en el 2006 es mucho el camino recorrido, como atestiguan los informes de la UE, aunque es mucho mayor el que nos queda por recorrer ya que nuestra realidad incluye, aún, una baja digitalización de algunos sectores sociales y, sobre todo, pymes; un sistema de ‘start-ups’ en construcción; poca inversión financiera relativa para estos proyectos y falta de competencias digitales suficientes en el capital humano.

No hacer nada es el mayor riesgo, también en esto. Y, la verdad, es que una mayoría de expertos opina que no estamos preparados y, lo que es peor, que no hacemos lo suficiente y al ritmo adecuado, para prepararnos. Por eso debemos pedirle al nuevo Gobierno que encabece un Pacto de Estado, no solo en el Parlamento, sino con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que incorpore a empresas, sindicatos y el conjunto de la ciudadanía, porque estamos ante un desafío de pais, si, pero que, por primera vez, compromete también a nuestro futuro como seres humanos, por lo que no podemos ponernos de perfil. Nadie.

*Exdiputado socialista y economista