Confieso que me ha temblado ligeramente la mano que sostenía el café confortador mañanero cuando he leído, en EL PERIODICO, el próximo inicio de las obras del embalse de referencia, el de Almudévar.

Pero más aún, cuando me he percatado de las cifras que rodean tal adjudicación: Un valor estimado contrato, presupuesto base de licitación = 208.408.570 € y un importe adjudicación de 109.607.881 €. ¿Pero qué está pasando en este país ?

Es decir, se oferta una baja estratosférica, rabiosa, temeraria o como se la quiera denominar de un 47,41%. sobre el presupuesto de licitación. Porcentaje, que para muchas empresas podría suponer la quiebra de las mismas.

Suponemos que el poder adjudicador habrá tomado buena nota y habrá solicitado a la UTE, las pertinentes y satisfactorias aclaraciones de todo tipo.

Los ejemplos más claros residen, generalmente, en casos concretos, y no se trata de tirar la primera piedra, sino que viene ocurriendo que una vez iniciadas las obras suelen aparecer según numerosos dictámenes del Consejo de Estado y su Abogacía: deficiencias técnicas en el proyecto inicial; omisiones, etc. que aconsejan la modificación del mismo, o lo que es igual, otro nuevo proyecto, cuando ya se habrían ya atendido una serie de pagos previos, que imposibilitarán la continuidad de la obra.

Repito, consúltense dichos dictámenes e informes de la Abogacía del Estado que califican estas situaciones como ficticias y atentatorias contra los principios de la contratación pública.

No tenemos nada en contra de la UTE ganadora, simplemente apuntamos hechos que vienen sucediendo con demasiada asiduidad y eso hace temblar cualquier presupuesto estatal, autonómico o local.

En otra ocasión y por razones de espacio, citaremos los reseñados por la UE, que en definitiva podrían resultar igualmente de aplicación.

Y es que cada vez más, a la opinión pública le llama poderosamente la atención el fenómeno consistente en que casi todo lo que construye la Administración experimenta un incremento de precio insospechado a la finalización de las obras.

Han contribuido a sensibilizar a la misma de manera decisiva la denuncia de los medios de comunicación, así como el sistema judicial, especialmente tenaz con algunos comportamientos corruptos generadores de alarma social en esta época de tribulaciones económicas que nos ha tocado vivir.

Piénsese por un momento, en lo recién ocurrido en la zona levantina con los afamados modificados de obra.

Debe tenerse en cuenta, que la contratación pública tiene una gran importancia, cualitativa y cuantitativamente, tanto en la vida económica española como a nivel mundial.

Paradójicamente, parece que esa rentabilidad solo es percibida muy anticipadamente por algunos sectores privilegiados, que son los que articulan los medios necesarios para efectuar en numerosas ocasiones un entramado de apropiaciones prioritarias, que nos conducen a tribulaciones económicas de carácter endémico.

¿Necesitamos normas más rigurosas o mejores salvaguardias para prevenir el favoritismo, la corrupción o los conflictos de intereses, además de posiciones dominantes?

Una conclusión en la que todo el mundo se encuentra de acuerdo: los presupuestos se ven superados muy ampliamente por el precio final, hasta el punto que podrían aumentar sobremanera los desequilibrios económicos.

¿Qué sucede?

¿Existen demasiados intereses económico-políticos?

¿Surge a menudo una mala praxis en los intervinientes?

¿Es que la corrupción se ha vuelto endémica?

*Doctor en Derecho. Diplomado en estudios avanzados de la UE