No sé ustedes, pero yo sigo con la vista nublada tras el rosario de imputaciones de las últimas horas. El pozo de la corrupción no tiene fin. Exministros, exsecretarios generales, exalcaldes, exdetodo con la justicia pisándoles los talones. Llevamos meses así, pero lo de esta semana supera el mejor pronóstico. El exministro del Interior de Aznar, y primer secretario general de Rajoy, Ángel Acebes, ha entrado en la inagotable lista de imputados por los papeles de Bárcenas. El juez Ruz sospecha de una presunta apropiación indebida. Pero ese caso tiene otro visitante: José Manuel Molina. El exalcalde de Toledo, también del PP, deberá convencer a Ruz de que detrás de la concesión del servicio de recogida de basuras de la ciudad no hay delitos de tráfico de influencias y prevaricación. De momento: imputado. Palabra con la que ya se ha familiarizado el hijo menor del exmolt honorable Pujol. La familia ha sufrido un nuevo golpe con ese registro policial en casa de Oleguer. Suma así otras dos imputaciones: por presunto fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Casos, y más casos, que ponen contra las cuerdas la paciencia de los ciudadanos. Algo no casa. Es incomprensible que algunos políticos se presenten como adalides contra la corrupción cuando, al mismo tiempo, permiten que un imputado se siente en un parlamento autonómico. Eso también ha ocurrido esta semana horribilis. Un exconcejal imputado por posible delito de prevaricación administrativa hereda el escaño del expresidente de las Cortes valencianas Juan Cotino. Este dejó su asiento después de que unas conversaciones telefónicas le involucraran en el caso Brugal. Y no olviden el escándalo de las tarjetas fantasma de Caja Madrid.

¿Cómo pretenden que los ciudadanos confíen a ciegas en su gestión? No extraña que la corrupción siga siendo la segunda preocupación de los españoles, tras el paro, según los últimos datos del CIS. La desconfianza es máxima, por eso PP y PSOE se han puesto manos a la obra en el Congreso para sacar adelante un gran pacto contra la corrupción. El acuerdo incluirá mayor control en las cajas de los partidos, una propuesta para que los políticos a los que se abra juicio oral por corrupción dejen inmediatamente su cargo y, también, cambios legislativos. ¿Será suficiente? ¿Hasta qué punto se van a endurecer las penas? El sistema anda putrefacto, y los datos que maneja el CGPJ no tranquilizan nada. En España, a finales de 2013, había 1.661 causas abiertas por corrupción, unos 500 imputados pero solo 23 estaban entre rejas. La conclusión que sacan los ciudadanos es que la justicia no es igual para todos. Hasta el presidente del Supremo, Carlos Lesmes pide endurecer la ley porque "está pensada para el robagallinas". Y el goteo de ejemplos parece que le da la razón. Periodista