Cuando hablamos sobre salud solemos pensar en el papel de los servicios sanitarios, al menos así lo vemos a menudo los que trabajamos en el mundo de la salud. Evidentemente, los servicios sanitarios son importantes, sobre todo cuando las personas están enfermas, pero la salud de la población no depende fundamentalmente de esos servicios sino que depende de las condiciones de vida de las personas. Y más si entendemos la salud tal como la definió el Congreso de Médicos y Biólogos en 1976: «Aquella manera de vivir autónoma, solidaria y gozosa». Hay que tener en cuenta, además, que no todas las personas tienen las mismas oportunidades de disfrutar de una buena salud, lo que se traduce en la existencia de desigualdades sociales en salud. Estas desigualdades son el resultado de las diferentes oportunidades y recursos relacionados con la salud que tienen las personas en función de su clase social, sexo, territorio o etnia.

Detectamos una peor salud entre la ciudadanía menos favorecida (las personas de clase menos privilegiada, las mujeres, o personas de territorios más pobres). Un ejemplo de las desigualdades en salud lo da la esperanza de vida al nacer en los países del mundo, que fluctúa de los 50,1 años en Sierra Leona a los 83,7 años en Japón: ¡más de 30 años de diferencia!

Las causas relacionadas con los niveles de salud y de desigualdades en salud de la población no dependen principalmente de las personas individuales, sino que dependen de factores sociales y, por tanto, deben abordarse desde esta perspectiva. La Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que las desigualdades en salud son el resultado de la situación en que la población crece, vive, trabaja y envejece, y del tipo de sistemas que se utilizan para combatir la enfermedad. A su vez, las condiciones en que la gente vive y muere están determinadas por fuerzas políticas, sociales y económicas. Estas fuerzas determinan las condiciones de vida y trabajo de las personas. Todos estos factores son los «determinantes sociales de la salud», o sea las características sociales que afectan a la salud.

Algunos de estos determinantes sociales de la salud son: el contexto socioeconómico y político, entendido como el gobierno en sentido amplio: la tradición política, la transparencia, la corrupción, el poder de los sindicatos, etc. También actores económicos y sociales como las guerras o las grandes corporaciones. En segundo lugar, las políticas económicas, las políticas públicas que conforman el Estado del bienestar, como la educación, la atención sanitaria o la protección social. Igualmente importante es la estructura social, que incluye los diferentes ejes de desigualdad que dibujan jerarquías de poder en la sociedad, como son la clase social, el género, la edad, la etnia o el territorio. Estos ejes determinan las oportunidades de tener una buena salud.

Junto a ello hay que contar con los factores relacionados con las condiciones de vida, como la calidad del empleo (situación laboral, tipo de contrato, precariedad...) y condiciones del trabajo (riesgos físicos y ergonómicos, organización y entorno psicosocial, etc. ), pero también la carga de tareas domésticas y de cuidado de las personas, el nivel de ingresos y la situación económica, la calidad de la vivienda y sus equipamientos, el barrio o área de residencia, las conductas como el consumo de tabaco, alcohol o actividad física, y los servicios sanitarios. Hay una sólida evidencia científica que relaciona todos estos factores con la salud de la población.

Por lo tanto, la mejora de la salud y la reducción de las desigualdades en salud de la población requieren realizar políticas, programas e intervenciones que engloben todos los sectores sociales y no únicamente el ámbito de la atención sanitaria, y a esto se le ha llamado « salud en todas las políticas». Este enfoque, poco desarrollado en nuestro país, implica que las diferentes políticas de un Gobierno, como las económicas, de mercado de trabajo, de Estado de bienestar, de planificación urbana, de vivienda, de movilidad o de educación, deberían tener en cuenta el impacto en la salud de la colectividad.

Por ejemplo, una política que fomente el transporte público, caminar o ir en bici, será saludable, ya que promoverá una mejor calidad del aire, reducirá las enfermedades que se derivan de la contaminación atmosférica y actuará para que la ciudadanía realice más actividad física.

*Doctora en salud pública.