El proceso de privatización de la asistencia sanitaria iniciado en la Comunidad Valenciana en 1999 y el más reciente de la Comunidad de Madrid se diferencian en varios aspectos, pero el fundamental es que el segundo ha encontrado una oposición ciudadana, la llamada marea blanca, que ha acabado con él. Aunque en Valencia se muestren orgullosos de su modelo, lo cierto es que también fue chapucero, hasta el punto de que hubo que revocar la primera concesión porque a la empresa privada que se hizo con el hospital de Alzira no le salían los números. Se le concedió luego la gestión integral de la salud de los habitantes de la zona, no solo la hospitalaria, para que aquello fuera negocio. No habían calculado bien. Las cosas en el Levante se hicieron poco a poco y sobre hospitales nuevos, con lo que la población asoció privatizaciones con más dotaciones.

En Madrid, donde ya se había externalizado la gestión de tres hospitales, se intentó privatizar otros seis de una tacada por el sistema de ordeno y mando. La reacción de los profesionales del sector, a quienes se fueron sumando más madrileños y ciudadanos de otras zonas, se vio respaldada por la justicia, que vio precipitación y pocas garantías. Por eso finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido mantener la suspensión cautelar del proceso, para "evitar perjuicios irreparables". Recurrir esta decisión hubiera situado el siguiente capítulo en los prolegómenos de la campaña electoral de las autonómicas del 2015, para las que Ignacio González ni siquiera tiene asegurada la candidatura de su partido, el PP. Por eso ha renunciado a sus planes y ha soltado el lastre de su consejero de Sanidad e impulsor del proyecto, que ha dimitido.

CON ARGUMENTOS

Es posible que una gestión privada de un servicio público esencial como la sanidad sea más eficiente, pero quien lo defienda e intente llevarlo a la práctica debe fundamentar sus planes con argumentos y, sobre todo, siguiendo los cauces democráticos y de participación que exigen los tiempos. La mayoría absoluta del PP en Madrid no le ha servido en esta ocasión. Los ciudadanos, mucho más que los partidos de la oposición, han conseguido detener un proceso que no ofrecía garantías ni siquiera en el propio concurso de adjudicación, que ya fue suspendido cautelarmente por el TSJM en septiembre pasado.