No todas las rectificaciones son fruto de la sabiduría. Casi tres años después de limitar el derecho de cobertura sanitaria de los sin papeles --por la sostenibilidad del sistema de salud--, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, anunció ayer con pocos detalles la cancelación de la medida de su polémica antecesora, Ana Mato. Los inmigrantes irregulares volverán a tener derecho a la atención primaria, pero no recuperarán la tarjeta sanitaria retirada en abril del 2012. El vaivén del PP es irrebatible. En el 2000, Aznar dió esa tarjeta a los inmigrantes con el único requisito del padrón. Los mismos motivos aludidos por Alonso ya podían haberse esgrimido para no adoptar aquel recorte de derechos, limitados a urgencias, maternidad y atención infantil. Era evidente que se iban a saturar las urgencias y que podía afectar a la "salud pública". El ahorro nunca se concretó y el Gobierno solo cifró en el 2013 la baja de 873.000 tarjetas. Alonso tampoco ha especificado ahora el nuevo procedimiento de acceso al sistema. Como antes, la motivación ideológica prima desgraciadamente, y más en un año electoral que ha empezado mal para el PP.
