El incidente vivido esta pasada semana en La Almunia de Doña Godina con un policía nacional que se atrincheró en el interior de los juzgados ha hecho aflorar la verdadera situación de la seguridad en los edificios judiciales. Mientras en las capitales de provincia, los medios y los protocolos son aceptables --siempre habrá quien considere que son mejorables-- en las cabeceras de los partidos judiciales, las condiciones son peores y en algunas dependencias, con una actividad no desdeñable, carecen hasta de arcos detectores de metales. Cierto es que en casos como el de La Almunia de poco habría servido tenerlo ya que el alterador del orden era un agente de la ley en activo, habilitado para llevar el arma reglamentaria, como los muchos que cada día frecuentan estas instalaciones. Los sindicatos han exigido ya una reunión con la Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón para presentar el listado de carencias que, a su juicio, habría que subsanar. Una respuesta que requiere de una inversión económica no menor y a la que el Ejecutivo debe ser sensible con una modificación de crédito si es necesario. Se cumple una década desde que se asumieron las competencias en materia de Justicia pero el paso del tiempo ha puesto de manifiesto que, como aventuraron entonces algunas voces, la pelea con el ministerio no estaba tanto en el dinero líquido de la transferencia como en haber asegurado una mejor dotación de los edificios.
