Se acusa a Mariano Rajoy, un año después de tomar posesión como presidente del Gobierno, de haberse empeñado solo en una política de recortes sociales, y no es cierto. De ser así, estaríamos peor que en diciembre del 2011, pero lo cierto es que estamos mucho peor. Y lo estamos porque además de la poda indiscriminada en el gasto público destinado a prestaciones y servicios, el PP ha echado directamente mano a la cartera de las clases medias españolas.

A saber, desde su llegada al poder el presidente popular ha adoptado una tras otra decisiones recaudatorias, y por tanto que han afectado estrictamente a los ciudadanos que pagan impuestos. En lugar de redistribuir obligaciones y derechos, Rajoy se ha aplicado en la dirección contraria, empobreciendo a los españoles de a pie en su sacrosanto empeño de reducir el déficit público. Y encima no ha conseguido taponar la sangría de ingresos, con sensibles reducciones en el consumo y en las aportaciones por IRPF y otros impuestos. El paro, la precariedad laboral, las reducciones salariales o, directamente, la desconfianza tras una crisis en la que lo peor ha estado siempre por llegar... Son tantos factores.

El resultado es descorazonador. El Gobierno se ha pasado un año pidiendo dinero para recapitalizar la banca a Europa, que no lo ha soltado hasta que constatar que Rajoy ha aplicado una a una las medidas reclamadas desde Bruselas, desde el FMI o desde la OCDE. Al menos se deberían explicar las cosas como son. La adelgazada clase media se ha convertido en financiadora exclusiva de excesos anteriores, soportal de un modelo socioeconómico más asimétrico que en la precrisis. Si se garantizara la mejora, o el simple mantenimiento de los servicios públicos...

Conviene recapitular las decisiones adoptadas consejo de ministros tras consejo de ministros, real decreto tras real decreto, para entender la profundidad de los estacazos populares. En materia impositiva, se promulgó una subida del IVA general del 18% al 21% y del reducido del 8% al 10% desde septiembre, con eliminación de artículos gravados con el tipo menor que pasaron al general; además de la elevación del impuesto por compra de vivienda del 4% al 10% a partir del 1 de enero próximo. En el IRPF, comenzamos el año con un incremento por tramos, con imposiciones desde el 0,75% hasta el 7% por encima de las del 2011, y con gravamen suplementario para las rentas del ahorro, del 2% al 6%. En otros impuestos y tasas: aumento de hasta un 10% en el IBI para millones de viviendas; incremento del recibo de la luz de hasta el 7%, subida de los impuestos especiales sobre el tabaco y sobre la gasolina, tributación en los premios de Loterías a partir del año que viene... Con los asalariados y jubilados dependientes del erario, se ha sido especialmente cruel, con la supresión de la paga de Navidad a los funcionarios y la rebaja del poder adquisitivo de las pensiones, al suprimirse la paga por la desviación del IPC interanual...

PERO HAY OTRAS medidas que han perjudicado la renta de los españoles. En Sanidad, el copago de fármacos para todos los ciudadanos y la retirada de medicamentos de la financiación pública, algunos muy utilizados y valorados. En Empleo, la reducción de la prestación por desempleo a partir del sexto mes del 60% al 50% y eliminación de la paga de 400 euros para los jóvenes que vivan con sus padres, y sobre todo el empeoramiento de las condiciones laborales con la reforma laboral, con indemnización por despido de 20 días y 12 mensualidades y convenios en el aire. En Acción Social, la supresión de prestaciones a los cuidadores de los dependientes. En Educación, se ha producido un importante aumento del gasto de las familias, desde el IVA ampliado para el material escolar hasta la subida de hasta dos tercios en tasas universitarias para primera matrícula, con impactos mayores para segundas y sucesivas convocatorias. En cadena, comunidades autónomas como la aragonesa han suprimido la gratuidad de los libros de texto y se han endurecido las condiciones de acceso a las becas. En Justicia, entrada en vigor de tasas judiciales entre 90 y 1.200 euros, dependiendo de la instancia, para la imposición de pleitos civiles, contencioso administrativos y sociales. Se podrían añadir otros incrementos en ordenanzas municipales, obligados los ayuntamientos a un techo de gasto y a una estabilidad presupuestaria .

Si a todos estos sablazos se añade la reducción de las inversiones en infraestructuras, se recorta en prestaciones esenciales como sanidad y educación, y no se restablece la confianza, el balance que depara el primer año de Rajoy es decepcionante. La contribución ciudadana no se ha traducido en consolidación de servicios, reducción efectiva del déficit fiscal o en cambios modernizadores de las estructuras del Estado. Con el rescate bancario nos hemos llevado semejante bofetón, amén de los recortes.... ¿Qué será de nosotros si se pide el rescate-país?