En el estado de Pensilvania (EEUU) los tribunales han juzgado y condenado a la Iglesia Católica por los abusos sexuales que han sufrido más de 1000 menores de edad.

Las crónicas que nos llegan desde Norte América dicen que unos 300 miembros de la Iglesia Católica: prelados, religiosos, curas y monjas, utilizaron a niños para satisfacer sus desviaciones sexuales.

La sentencia también constata que la jerarquía eclesiástica tenía conocimiento de los hechos y desde esa prelatura se urdió una trama con la finalidad de ocultar los desmanes cometidos y proteger a los violadores.

Cardenales, obispos, arzobispos y sacerdotes son acusados de abusos y condenados una y otra vez.

Los casos de pederastia que se han ido repitiendo a lo largo del globo terráqueo colocan a la corporación religiosa en una incómoda postura. Tendrían que investigar si estas perversiones no son debidas a unos obligados votos de castidad.

En la católica España estamos habituados a sufrir los desmanes clericales en materia carnal. Siempre hemos padecido esta plaga que, con las prerrogativas que le fueron concedidas durante la larga dictadura, alcanzó la inmunidad.

Aquí aún no hemos conseguido abrir las ventanas para juzgar las barbaridades que cometieron los clérigos y monjas. La justicia y la reparación están muy lejos de llegar 43 años después del óbito del tirano.

Todos los atropellos fueron ocultados bajo un pesado manto de silencio que facilitó y sigue facilitando impunidad a la Iglesia Católica española SA.

No solo le otorgó protección, también le proporcionó pingües beneficios ¿Tal vez en pago de favores realizados por su inquebrantable adhesión al Alzamiento Nacional?

La España doliente de la postguerra e inicio de lo que nos empeñamos en llamar democracia aguantaba con estoicismo las sucias inclinaciones de los nocivos violadores con sotana.

Franco y sus secuaces no eran muy listos, ni siquiera les adornaban virtudes militares tal y como intentan vendernos una recua de nostálgicos que harían un gran favor al ejército siguiendo calladitos. Los cantamañanas que intentan reivindicar su figura lo hacen pretendiendo obviar detalles que tienen poco de nimios como fueron las ejecuciones sumarísimas.

A los asesinatos desde el poder tratan de teñirlos de legalidad aludiendo al cumplimiento de sentencias dictadas tras parodias judiciales. De lo que el general traidor sí podía alardear era de su condición criminal.

La Iglesia Católica calificó de «Cruzada de Liberación» el infame levantamiento. Esto permitió a los canallas utilizar siglos de sumisión a los hábitos y sotanas para dominar y adoctrinar al pueblo dócil e ignorante. Si les fallaba la zanahoria (la cruz) siempre les quedaba el palo (la espada).

Como no podía ser de otra manera tanto los facciosos como los eclesiásticos actuaban mirando sus terrenales intereses.

En los países con determinado índice de dignidad aquellos bienes inmuebles y terrenos que no tienen un propietario reconocido en los libros registrales, pertenecen a la comunidad. En España también era así hasta que un Franco «salvapatrias» decidió que los obispos podían atribuirse la propiedad e inscribirlos en el Registro sin más.

Aznar superó al dictador y fue más allá permitiendo a la corporación católica inscribir los bienes de culto. Con esta estupidez el Hombrecillo Insufrible regaló a la curia católica ingentes propiedades del Patrimonio Nacional.

En el cielo de los infames se encontrarán ambos próceres y debatirán sobre quién esquilmó más y mejor a los pobres españoles.

En nuestra tierra se seguirá yendo a misa de 12, nombrando a vírgenes alcaldesas perpetuas o condecorando policialmente a otras, postrándose de hinojos ante los obispos, todo mientras curitas enfermizos sodomizan a nuestros hijos al tiempo que rezan el rosario.

Francisco I pedirá perdón una vez más, los niños seguirán gritando de dolor, los curas cambiaran de parroquia para continuar abusando de piezas nuevas, los padres lloraran de indignación y la justicia seguirá esperando que esto por fin se parezca a Pensilvania.

*Miembro del Movimiento Hacia Un Estado Laico