Los incumplimientos del presente Gobierno de Aragón en materia de Sanidad son tan numerosos como notorios. En esta consejería hay tantos planes como partidas en los presupuestos que se quedan sin ejecutar, lo que va dejando atrás todos los compromisos en su día prometidos a través de los programas políticos de los partidos que gobiernan o en otros contextos. Nos encontramos con esta situación tanto en las infraestructuras (hospitales de Alcañiz y de Teruel, centros de salud como el de Barbastro...) como en los proyectos (planes de Salud Mental, Recursos Humanos, etc). Tantos han sido los dimes y diretes y declaraciones del propio consejero Sebastián Celaya que ahora este se ve en una encrucijada de la cual tiene difícil salir. A este sinfín de despropósitos políticos se suma ahora el de la Oferta Pública de Empleo (OPE) que se ha quedado a medio convocar.

A primeros del mes pasado todos los sindicatos que componen la Mesa Sectorial de Sanidad de Aragón (CC.OO., CEMS, CSIF, SATSE y UGT) declararon la total pérdida de credibilidad del consejero de Sanidad y solicitaron la interlocución directa con el Gobierno aragonés por otra vía diferente. Así lo hicieron al ver que el Consejo de Gobierno de la Comunidad aprobaba algo diferente a lo acordado con Celaya respecto a la OPE en el Servicio Aragonés de Salud. La Mesa Sectorial aprobó y acordó con el consejero Celaya la convocatoria de 2.288 plazas, mientras que el Consejo de Gobierno solo aprobó 805, por lo que faltan 1.483 plazas de empleo público en Sanidad, necesarias para garantizar un buen servicio, según los sindicatos. Al pedir explicaciones sobre la restricción, desde el Salud se hace referencia a un “informe jurídico” que no se da a conocer a través de las numerosas peticiones de los sindicatos. Tampoco conseguimos información cuando, desde Podemos Aragón, pedimos el informe a través de los mecanismos de la propia institución: solo obtuvimos la callada por respuesta.

Esta decisión del Gobierno aragonés supone una sinrazón y plantea tres arduos problemas. La sinrazón es que, según cálculos en los que coinciden los cinco sindicatos, el coste de sacar todas las plazas comprometidas solo sería el de gestionar la propia convocatoria (ya que no son plazas de nueva creación) y afirman que incluso supondría un ahorro a las arcas del Salud por ser menores los costes a pagar al Instituto Nacional de la Seguridad Social, durante, al menos, cinco años. Amén de los costes que pudieran sobrevenirse de las reclamaciones judiciales emprendidas por numerosos trabajadores dada la actual situación. En cuanto a los problemas, el primero de ellos es que, otra vez más, se dilata la tan deseada estabilidad en las plantillas orgánicas y estructurales de nuestro Salud manteniéndose una alarmante precariedad en el empleo (en la actualidad supera el 34% del personal) que, además, en numerosas ocasiones, vulnera la ley, según ha declarado la Unión Europea, y que está dando pie a multitud de reclamaciones judiciales por parte del personal afectado.

El segundo problema es la pérdida de credibilidad que la decisión del Gobierno de Lambán hace recaer en el consejero de Sanidad que, caso insólito en la historia de nuestra democracia aragonesa, es rechazado por todos los sindicatos como interlocutor, hasta el punto de que lo han eliminado por completo de sus conversaciones y negociaciones. A este problema, que en sí es muy grave, se suma el de tantos proyectos que no podrán desarrollarse de forma conjunta entre institución y tejido social porque el actual consejero ha quedado desautorizado por el sector.

Y el tercer problema, el más grave de los tres, es que el Gobierno de Aragón incurre en una contradicción flagrante y evidente al incumplir su propio mandato. El propio Departamento de Sanidad, con el consejero al frente, crea desconfianza, vulnera sus acuerdos públicos y llega por lo tanto a crear un estado de incoherencia con sus palabras, con sus compromisos y en definitiva con sus políticas en materia sanitaria. Es comprensible, por lo tanto, el alejamiento que plantea la Mesa Sectorial, que resta legitimidad al consejero. Es, pues, necesario y urgente que el Gobierno aragonés rectifique y saque la Oferta Pública de Empleo con la totalidad de las plazas acordadas y cumpla así, por una vez, sus compromisos, en vez de dedicarse a amenazar con los próximos presupuestos.

*Portavoz de Sanidad del grupo parlamentario de Podemos en Aragón