Hace unos días, el Parlamento español votaba una resolución de condena al gobierno venezolano en la que le instaba a respetar los derechos humanos y la democracia y a liberar a los "presos políticos". Ello se produce en un contexto global en el que Estados Unidos declara a Venezuela un peligro para sus intereses, el Parlamento europeo reprueba al gobierno venezolano y varios expresidentes latinoamericanos y españoles firman, en términos semejantes, la declaración de Panamá. No cabe duda de que, una vez más, estamos ante una ofensiva en toda regla contra Venezuela en la que lo único que cambia es la estrategia.

Desde que Chávez accedió al poder a través de las urnas, y a través de ellas se mantuvo hasta su muerte, los intentos de golpe de estado se sucedieron en el país. Fueron golpes a la manera clásica, utilizando pronunciamientos militares y la intervención de embajadas extranjeras, entre ellas las de EEUU y España. El modelo golpista tradicional fracasó, ni siquiera produjo una respuesta de restricción democrática por parte del gobierno venezolano. Galdeano, con el sentido del humor que le caracterizaba, hablaba de ese extraño país en el que todos los días te encontrabas en los medios a algún líder opositor diciendo que no había libertad de expresión, de ese extraño dictador que no hacía más que convocar elecciones controladas internacionalmente. Y ante el fallo del modelo golpista tradicional, se optó por una nueva forma de golpe, ya ensayada con éxito en Italia hace unos años, y que consiste en la presión combinada de instituciones extranjeras y medios de comunicación para promover la desestabilización política y, con ella, el cambio de gobierno. En esas estamos.

Lo que ocurre es que las democracias americanas, construidas en una feroz lucha contra las oligarquías internas, que siempre habían gozado del apoyo externo, incluso en sus formas más brutales, como las dictaduras de Pinochet, promovida por EEUU o la Junta Militar argentina, apoyada por el Gobierno español, como demuestran documentos que recientemente han salido a la luz, rechazan, con dignidad, la injerencia de países que, desgraciadamente, de nada pueden dar lecciones.

Que el Parlamento español hable de respeto a la democracia y a los derechos humanos debe sonar, en las democracias americanas, a broma de mal gusto. España, a través de su parlamento, pisotea los derechos humanos de manera descarnada, al impedir a millones de ciudadanos acceder a un puesto de trabajo o a una vivienda o al actuar con brutalidad contra los emigrantes que intentan, huyendo de otras violaciones de derechos, entrar en nuestro país. Pues no nos engañemos, la ausencia de trabajo no es fruto de una coyuntura económica, sino de un sistema político que incentiva la precariedad y el paro. Son decisiones políticas e ideológicas las que alejan a la población de derechos humanos reconocidos universalmente. Por otro lado, que el parlamento español se erija en defensor de la democracia, a la que lleva prostituyendo desde 1978, resulta de una profunda desfachatez. La falsa democracia española se construye sobre un sistema electoral que hace que siempre ganen los que deben ganar y sobre un sistema corrupto de financiación de partidos que implica que los partidos mayoritarios acudan siempre con una insuperable ventaja a las elecciones. A ello hay que añadir un entramado mediático a disposición de las dos grandes fuerzas políticas, y sus sustentos locales, que hace de la libertad de expresión colectiva otro derecho sobre papel mojado. No vivimos una democracia, sino una plutocracia corrupta en la que los poderosos se aseguran, siempre, el control político.

Finalmente, que expresidentes como González y Aznar, responsables en su momento de gobiernos enfangados en la corrupción, cómplices del terrorismo internacional en Irak o Yugoslavia, convertidos en representantes de las grandes multinacionales y miembros de la oligarquía política y económica, reclamen, cogidos de la mano, democracia, además de esperpéntico, pone blanco sobre negro, una vez más, las coincidencias ideológicas de fondo entre PP y PSOE.

En Venezuela, efectivamente, han encarcelado al alcalde de Caracas y a un líder opositor. Por su implicación en un intento de golpe de estado, tal como describió con precisión Ignacio Ramonet. En España están en la cárcel ministros y responsables políticos, algunos por chorizos, otros los estuvieron por apoyo a las actividades terroristas de los GAL. Es lo que tiene el estado de derecho, que actúa contra los delincuentes. El problema es cuando un parlamento y un gobierno se alía con los delincuentes contra la justicia. Profesor de Filosofía. Universidad de Zaragoza