Hace unos días en este mismo periódico en el artículo Juro guardar la Constitución expuse lo siguiente : «En el Congreso de los Diputados, y en la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, lucha contra la corrupción y las reformas institucionales del 4 de mayo de 2017, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, José María Gimeno Feliu les dijo a los diputados: «La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia por dar un dato, que sabrán sus señorías, ha cuantificado en 47.000 millones el coste de la ineficiencia en contratación pública y que el coste de la corrupción entre los 10.000 y los 13.000 millones...»

Me pareció de extraordinaria gravedad lo expuesto. Lo que ya no sé si la ciudadanía española es consciente de ello. Resulta incomprensible que en una sociedad tan culta, la más preparada de nuestra historia, se cometa semejante ineficiencia, no quiero llamarlo atraco, en la contratación pública, consecuencia de que las grandes empresas cobran del erario público, mucho más de lo que se presupuestó en la adjudicación de la obra pública. Un esquema repetido muchas veces en los procesos licitadores en España: el notable descuento en las ofertas se compensa posteriormente con modificaciones que terminan derivando en sobrecostes. Algunos ejemplos. La construcción del AVE Madrid-Barcelona ha costado a los españoles 8.966 millones de euros, cuando el proyecto fue adjudicado en 6.822 millones: el sobrecoste de 2.144 millones, un 24% más. La factura que las autopistas radiales de Madrid en quiebra dejan al Estado tiene una partida llamativa: la de las expropiaciones, que ascendía, a fines de los 90, durante el Gobierno de Aznar, cuando se estimaron, en conjunto, a 387 millones. Al final se dispararon hasta 2.217 millones.

Quiero fijarme en el fraude fiscal. El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) afirmó que un plan «eficaz y realista» contra el fraude fiscal podría aumentar la recaudación en unos 40.000 millones de euros anuales, según las propuestas realizadas por el sindicato de cara a las elecciones generales del 26 de junio. Según Gestha, el fraude y la evasión fiscal tienen un «alto coste» para la sociedad en su conjunto, pues no sólo suponen un «agujero» en la recaudación de las arcas públicas, sino también en el bolsillo de los contribuyentes, ya que pagan cada año 2.000 euros más de media en impuestos. Los Técnicos de Hacienda indican que el fraude y la evasión, unidos a la crisis económica, han lastrado la recaudación fiscal desde 2008 en un total de 253.559 millones de euros. Las medidas propuestas por Gestha son: una mayor coordinación y colaboración entre las administraciones tributarias autonómicas y la estatal o la creación de una base de datos única accesible para los efectivos de todas estas administraciones; que las entidades españolas que operan en paraísos fiscales a través de filiales faciliten información a la Agencia Tributaria sobre los titulares de cuentas y productos en estas entidades; más efectivos a la lucha contra el fraude, ya que actualmente la Agencia Tributaria solo tiene un empleado por cada 1.928 contribuyentes, frente a países como Francia, donde hay uno para menos de la mitad de contribuyentes (860) o los 729 de Alemania.

Tras lo expuesto, me hago la siguiente reflexión, que deberíamos hacernos los españoles. Voceros de todo pelaje, del poder y mediáticos nos sermonean y reprenden con la susodicha frase «Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades». Y por ello la necesidad inexorable de los recortes. Es el castigo que nos merecemos por nuestro pecado colectivo. Esta «socialización de la culpa» se ha revelado una coartada realmente eficaz, pues exime a los verdaderos causantes al diluir sus responsabilidades en el conjunto de la ciudadanía. Y la gran mayoría de la sociedad asume sumisa tal discurso sin cuestionarlo, lo que significa su falta de nervio y de coraje para enfrentarse a una injusticia manifiesta. Por ello, me viene a la memoria un artículo publicado por Francisco Silvela el 16 de agosto de 1898, en el periódico El Tiempo de Madrid Sin pulso, poco después del desastre colonial, que causó una gran conmoción en la opinión española: «Quisiéramos oír esas o parecidas palabras brotando de los labios del pueblo; pero no se oye nada: no se percibe agitación en los espíritus, ni movimiento en las gentes. Los doctores de la política y los facultativos de cabecera estudiarán, sin duda, el mal: discurrirán sobre sus orígenes, su clasificación y sus remedios; pero el más ajeno a la ciencia que preste alguna atención a asuntos públicos observa este singular estado de España: dondequiera que se ponga el tacto, no se encuentra el pulso».

Unos años después, todo seguía igual. Manuel Azaña en 1911, en el discurso El problema español, en la Casa del Pueblo de Alcalá de Henares, apeló al pueblo español para que reaccionase y saliera del sopor: «¿Vamos a consentir siempre que la púrpura cuelgue de hombros infames y que la inmensa manada de los vividores, de los advenedizos manchados de cieno usurpe la representación de un pueblo y lo destroce para saciar su codicia?».

*Profesor de instituto