El día 28 de junio se aprobó en las Cortes la Ley de actualización de los derechos históricos de Aragón. Esta propuesta forma parte de la esencia de Chunta Aragonesista, tal y como hemos puesto de manifiesto en forma de Proposiciones de ley desde el 2014. Es una visión de Aragón desde el aragonesismo político, que como dice el profesor Fernández Clemente: «En esta hora de perplejidades convendría releer y acaso replantear por un más amplio arco político». Esto es lo que ha ocurrido, puesto que todas las fuerzas políticas, excepto el Partido Popular y Ciudadanos, han apoyado esta ley.
Aragón es una nacionalidad histórica con más de doce siglos de historia. Sobre este amplio territorio, sucesivas generaciones fueron construyendo una nación fundada en la defensa de sus libertades, dotada de instituciones singulares, depositaria de un rico patrimonio natural, cultural, jurídico y lingüístico.
No solo hablamos de himnos y banderas y de simbolismo identitario, sino de la posibilidad de disponer de recursos económicos suficientes -autonomía financiera--, y del poder político necesario -autogobierno--, para afrontar la mejora de las condiciones de vida de las aragonesas y los aragoneses -Estado del bienestar--, así como blindar por la ley sus derechos sociales.
Esta actualización impulsará y desarrollará los principios propios del Estado social y democrático de derecho, así como el cumplimiento de los derechos y libertades de los aragoneses en el momento actual.
Ante esta situación, el Partido de la Ciudadanía, seguramente pensando en el interés general de Aragón, anuncia un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de actualización de Derechos Históricos. Para conseguirlo deberá echarse en los cálidos brazos de la derecha y, con su complicidad, imponer de una forma descarnada un modelo territorial centralista y dejar a Aragón sin discurso en un posible debate de la nueva configuración del Título VIII de la Constitución desde el federalismo.
El error de Ciudadanos es de fondo, ya que se deja arrastrar por una ideología vulgar y simplista muy propia de plató de televisión. Desde el punto de vista legal, que tan del gusto es de Ciudadanos, la Constitución señala en la Adicional Primera: «La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los estatutos de Autonomía».
El Estatuto de Autonomía de Aragón, desde 1982, recoge estos derechos históricos; en su Adicional Tercera afirma: «La aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto no implica la renuncia del pueblo aragonés a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, lo que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establece la disposición adicional primera de la Constitución”.
En definitiva, que el sistema foral que pervive en Navarra y Euskadi, consagrando la autonomía financiera y fiscal, podría extenderse al resto de comunidades históricas, tal como postula el profesor Manuel Gerpe, catedrático de Derecho Constitucional.
Fernando Rey Martínez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, exponía: «La aproximación aragonesa a la singularidad de su autonomía a partir de su propia historia no ha encontrado aún concreción y ni es fácil que lo haga (puesto que su peso político en el conjunto del Estado no es comparable al de otras regiones) (…) pero, a mi juicio, se halla, sin embargo, latente y pudiera ser concretada en el futuro».
CON TODO LO sucedido en España en los últimos tiempos, con el proceso independentista de Cataluña, se debe apostar por la revisión en profundidad del Título VIII de la Constitución que ha estado en una permanente interinidad durante los cuarenta años. Hay que solucionar este problema grave de encaje territorial de España, que no solo afecta a Cataluña. Recientemente se creó la Comisión para la evaluación y modernización del Estado, donde el autogobierno y la autonomía financiera deberían salir bien paradas, y no perjudicadas en un acuerdo donde la corresponsabilidad fiscal beneficie solo a algunos territorios.
Para este tránsito y negociación política qué mejor que una ley de derechos históricos donde se refleja nuestra posición con respecto al autogobierno y a la autonomía financiera de Aragón, incluso en el marco de la vieja Constitución.
*Diputado y portavoz de CHA en las Cortes
de Aragón
