Los estereotipos resultan muy útiles para que la compleja realidad encaje en el molde primario de nuestros prejuicios. Analizar las razones por las que las naciones o regiones más prósperas pretenden limitar su contribución a los territorios menos desarrollados es una misión más ardua que tacharlas de entrada de insolidarias. E identificar y corregir las causas que motivan la pobreza relativa de un país resulta mucho más laborioso que caricaturizar a sus habitantes como haraganes acomodados al subsidio.

Estos arquetipos están saltando por los aires en la negociación sobre las cuotas de reparto de los solicitantes de asilo en la Unión Europea (UE). Según la propuesta de la Comisión Europea, a España le correspondería acoger a 1.549 refugiados reconocidos por la ONU, de entrada, más el 9,1% de quienes cada año demanden asilo político en Europa. Sin tratarse de grandes cifras, equivaldrían a multiplicar por diez las concesiones de asilo en España, hasta ahora equivalentes al 0,9% del total de la UE.

El Gobierno español, por boca del ministro José Manuel García Margallo, ha rechazado por desproporcionada e injusta la propuesta de Bruselas. El lunes, mientras su compañero Luis de Guindos presumía de que el crecimiento económico español ofrece margen para aprobar otra rebaja de impuestos, el titular de Exteriores se dolía de que nuestra desorbitada tasa de paro nos impide acoger a tantos refugiados. Tan boyantes a la hora de sacar pecho, tan rácanos a la de arrimar el hombro. Alemania ha otorgado el asilo a un tercio de todos los refugiados llegados a Europa. Y la pequeña Suecia, al 14%. Los países del sur no pueden exigir a Alemania que siga pagando la fiesta europea y luego escaquearse a la hora de recoger el confeti. Periodista