No es necesario ser un experto en Derecho administrativo para concluir que el asunto que ha tenido que dilucidar el tribunal tenía su trascendencia. Y los magistrados han acabado sustentando sus razonamientos jurídicos en el impacto social que hubiera supuesto la imposibilidad de la celebración de la feria. Quizá los espectadores habituales a los toros hubieran pataleado pero cualquier polémica se hubiera enterrado con los sobresaltos que cada día nos ofrece la actualidad.
Ay, pero no los partidarios de las vaquillas. Eso es harina de otro costal. Contra las peñas recreativas, el desafío hubiera sido de consecuencias inimaginables ¡A ver quién es el guapo que los deja sin vacas! Pero lo que se sustancia ahora es de otro percal: ¿qué contrato asume la UTE adjudicataria? El
abogado Javier Sanz deja claro que van a «cumplir el contrato en todos sus términos».
¿Se van a dar pues los festejos de San Jorge en septiembre o tras la feria? Si no se celebran ¿afectará al canon anual? ¿Si no se respeta cada una de las clásulas estipuladas en el pliego de condiciones estaríamos hablando de un pliego y un contrato diferentes al licitado? Si no se junta el cielo con la tierra, habrá Feria del Pilar.
Pero ojo con los pasos que sedan, debajo de cada zancada puede estallar una mina.
