La recuperación tampoco está llegando a los trabajadores. La moderación salarial, impuesta en época de crisis, se está extendiendo más allá de lo razonable. La renta nacional del 2017, publicada por el INE, así lo avala, al mostrar no solo que ha caído el peso agregado de los salarios por debajo del 50%, sino que con el 47,3% ha alcanzado mínimos. Nunca en nuestra historia reciente la remuneración de los asalariados había representado tan poco sobre el conjunto de la tarta económica del país.
Es cierto que tenemos todavía casi dos millones de ocupados menos que antes de la crisis, a pesar de que ya hemos recuperado el PIB del 2008. Pero no es menos cierto que quienes no han perdido su empleo trabajan por un salario muy similar al que tenían hace 10 años y los nuevos ocupados lo hacen por un salario inferior. Así, nuestros salarios agregados serían algo más bajos ahora que antes de la crisis, situación que solo compartimos con Grecia.
Esta congelación salarial, con altibajos a lo largo de la década, explicaría según la OCDE (Going for Growth 2018) que la desigualdad en España se mantenga por encima de la media de los países avanzados. Además, en la medida en que una parte de los bajos salarios pagados está asociada a la precariedad laboral, serían corresponsables de la brecha existente entre España y los países de la eurozona en evolución de la productividad total de los factores.
Seguro que alguien piensa: pues claro que han bajado los salarios. ¿No fue esa precisamente la estrategia que se nos impuso para hacer frente a la crisis vivida entre el 2008 y el 2012? Se la llamó «devaluación interna» al no poder hacerse una devaluación «externa» de la moneda pero, en la práctica, se pareció más a un plan de estabilización clásico: recorte del gasto público, despido de trabajadores y rebajas salariales, aunque las razones de la crisis, sobreendeudamiento y desconfianza frente al euro, nada tuvieran que ver con aquellas otras de falta de competitividad a las que se aplicaba una reducción de costes.
Por ello, a partir del 2010, y con más fuerza desde la entrada en vigor de la reforma laboral del 2012, los salarios se ajustaron rápidamente a la baja tras haberse producido un aumento brusco del paro. Lo que necesita mucha explicación, sin embargo, es que cuatro años de recuperación de la economía y de los beneficios empresariales todavía no se hayan traducido en aumentos salariales que vayan más allá del 1,45% del 2017 que representa una congelación en términos reales.
Lo llamativo de todo el problema, pues, no es que los salarios cayeran en España durante la recesión, sino que no se hayan recuperado todavía al calor de una recuperación tan intensa como la que estamos viviendo, incrementando, con ello, el número de colectivos para los que la actual bonanza está pasando de largo. Si, además, nos comparamos con el resto de los países europeos, también ellos afectados por la crisis, nuestro caso diferencial destaca todavía con mayor intensidad porque en el conjunto de la Unión Europea las rentas salariales han crecido el 18% desde el 2008, lo que les ha permitido incrementar el peso de los salarios sobre el total de sus rentas nacionales mientras que, como hemos visto, en España ha caído.
Abundan los estudios que señalan que la pérdida de peso de las rentas salariales es una nueva tendencia global al calor de los efectos de las nuevas tecnologías. Que si la combinación de algoritmos, big data, internet de las cosas e inteligencia artificial puede que no reduzca el nivel total de empleo en el mundo (otra cosa es en zonas y segmentos concretos), parece demostrado que el trabajo humano deprecia su valor relativo. En todo caso, dado que España se encuentra a la cola en incorporación de la revolución digital, no puede ser esta la explicación de lo que nos ocurre. Aquí tenemos que refugiarnos en la actuación de quienes aprobaron una reforma laboral que ha desmontado el poder negociador de los trabajadores en favor de los empresarios. Y si ello fue discutible durante la crisis, mantenerlo ahora, en plena recuperación, empieza a ser un anacronismo dañino para la productividad y la cohesión social.
Así lo ha entendido, por ejemplo, el Gobierno balear de la socialista Francina Armengol gracias a cuya activa intermediación se ha acordado un convenio en su competitivo sector turístico, que incluye subir el 15% los salarios en cuatro años. Las cosas se pueden hacer de otra manera. Tomen nota.
*Exministro del PSOE
