El ciclo al alza de los tipos de interés se ha iniciado con el cambio de tendencia en EEUU y tarde o temprano se extenderá a Europa. La subida llegará cuando la recuperación de la economía es aún muy frágil y cuando aún no se ha hecho limpieza completa de algunos riesgos acumulados en el sector bancario, como estamos viendo en España con el caso del Popular. Así pues, conviene estar alerta y tomar medidas de prudencia. España sigue siendo una economía muy endeudada, y un alza brusca o sostenida en el tiempo de los tipos de interés puede amenazar la recuperación de los últimos años. La transferencia de una parte de la deuda privada a las arcas públicas a través del rescate bancario no elimina totalmente el riesgo de que particulares y empresas no puedan hacer frente a una subida de los tipos sin poner en crisis el consumo y la solvencia de los bancos. El 90% de las hipotecas en España siguen siendo variables, de manera que una sacudida en el euríbor podría tener repercusiones también en las cuentas públicas, que siguen sin recuperar la solvencia de fondo y se han cuadrado, en el último Presupuesto presentado, por la vía de la reducción de los intereses de la deuda debido a las condiciones de mercado y por la incipiente recuperación basada en unos salarios bajos que tampoco podrían resistir una subida sustantiva de los tipos. Alerta, pues.
Las políticas de austeridad de la troika, cuando la crisis agobiaba a la economía española, provocaron la reforma exprés de la Constitución bajo el Gobierno de Zapatero y aprobada por el PP y el PSOE en agosto del 2011, que impuso un límite al déficit y a la deuda de todas las administraciónes. Una consecuencia de aquel nuevo articulado de la Carta Magna fue dos años después la llamada regla o techo de gasto prevista en la ley de estabilidad financiera. Contra el corsé del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro , se rebelan con el aval de su buena salud financiera algunos ayuntamientos, con Zaragoza, Madrid y Barcelona al frente, y varias autonomías. Este instrumento de disciplina presupuestaria impide que el gasto público supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB español. En el 2017 es del 2,1%, y en el 2018, del 2,3%. Es obvio, en primer lugar, que limita el concepto de autonomía municipal y de las comunidades. El caso del Ayuntamiento de Zaragoza, con un remanente de tesorería de 17 millones en el 2016, se revela un contrasentido que solo puedan destinarse a inversiones financieramente sostenibles, edificios por ejemplo, o que queden paralizados en la caja. En unos tiempos en que urgen políticas sociales, no se debe castigar a quien manifiesta eficiencia en la gestión. Y más si el Gobierno no cumple un techo que Montoro, un ministro que no da su brazo a torcer, impone de forma tan restrictiva.
