El pacto presupuestario entre PSOE y Podemos está trufado de desconfianza mutua y de obvias salvaguardas impuestas por Echenique y los suyos, de tal forma que aquello parece un contrato escrito con gasolina sobre una pira de leña seca. No obstante, sólo un aspecto de lo convenido entre ambos partidos habrá de perturbarnos durante semanas y meses: el acuerdo de descargar sobre los centros de enseñanza concertados la reducción de aulas que ha de imponer el inminente bache demográfico.

A priori, tal voluntad política no tiene mayor misterio. La concertación de centros privados fue un recurso de emergencia para cubrir necesidades perentorias cuando la red pública resultaba insuficiente. Si ahora empiezan a sobrar plazas, dicha red tendrá mayor capacidad de respuesta, y en todo caso su progresiva expansión debería anteponerse a la ampliación de convenios.

¡Ah!, pero aquí entran en juego otros factores. De naturaleza ideológica, por supuesto. En los ámbitos conservadores se aspira a revertir la tendencia, para que los conciertos vayan a más (aunque sólo en áreas urbanas, donde la enseñanza resulta ser una actividad rentable), mientras la pública pecha con las escuelas e institutos rurales, los alumnos potencialmente problemáticos y las misiones pedagógicas más complicadas. Luego dirán que la privada ofrece mejores precios, lo cual no es cierto... o no exactamente.

La enseñanza pública ha de tener prioridad. Sin duda. Aunque para ello debe hacerse más y más competitiva en oferta educativa y resultados. Si, por el contrario, pierde atractivo a ojos de los padres, el actual debate no podrá zanjarse de manera adecuada. ¿Qué pasará, por ejemplo, si las familias abandonan los colegios (públicos) donde se está implantando la controvertida jornada continua... y piden plaza en aquellos otros (privados sujetos a convenio) en los que se sigue dando clase por la tarde? ¿Cómo podrá el Gobierno aragonés justificar su acertada intención de ir recortando los conciertos?

Esa es la madre del cordero.