Estaba cantado que Irene Montero iba a sustituir a Íñigo Errejón en la portavocía de Podemos en el Congreso de los Diputados tras la rotunda victoria de la lista y las tesis del secretario general, Pablo Iglesias, en Vistalegre II hace una semana. El relevo, aprobado ayer por el consejo ciudadano del partido, es lógico, porque hubiese sido extraño que Errejón defendiera parlamentariamente posiciones en las que no cree, pero al mismo tiempo desmiente las promesas de unidad tras el congreso podemista. De unidad, lo único que queda es que Errejón y sus seguidores continúan en el partido, pero han perdido todo el poder: tendrán en la ejecutiva tres cargos de 15, el 20%, la mitad de lo que pedía el hasta ahora número dos, y 22 frente a 38 puestos en el consejo ciudadano. Errejón deja de ser también secretario político para pasar a una cartera menor y será candidato a presidir la Comunidad de Madrid en una especie de compensación que se da por hecha sin siquiera celebrar primarias. La lucha por el poder se ha resuelto a favor de Iglesias, pero el debate en Podemos no se reducía a eso. Era también una disputa política y estratégica, centrada sobre todo en la relación con el PSOE y el resto de la izquierda. Y la derrota de las posiciones de Errejón de una mayor colaboración y transversalidad, frente a un Iglesias que solo concibe el sorpasso y la confrontación, significan que la izquierda lo tiene peor para desalojar al PP del Gobierno.
La La Comisión Europea ha revisado al alza las previsiones del déficit público para España en el año 2017, que ha elevado al 3,5% del PIB. Cuatro décimas más de lo que preveía el mes pasado. Esa cifra supone que el Gobierno deberá encontrar 4.400 millones de euros extras si quiere cumplir con sus compromisos de consolidación fiscal. Este desfase no se debe en esta ocasión al tan manido despilfarro autonómico sino a unos menores ingresos impositivos en los últimos meses del año pasado que empeoran el punto de partida del nuevo ejercicio. Y también a una cierta desaceleración de la economía española, que este año crecerá un 3,2%, un ritmo inferior al actual. De momento, la CE no exige medidas adicionales, o sea, recortes. Pero las perspectivas no son nada halagüeñas. Estamos ante un nuevo indicador, otro más, de la fragilidad de la recuperación española de la que tanto presume el Gobierno. Un crecimiento que se basa exclusivamente en los sacrificios de las clases medias trabajadoras y en el recorte de los servicios públicos. Unos esfuerzos que solo han servido para retomar la burbuja inmobiliaria. Mientras, los Presupuestos del 2017 siguen en el aire por la incapacidad de Rajoy de pactar y la paciencia de la ciudadanía se agota al ver cómo aparecen con nombres y apellidos los responsables del quebranto de nuestra economía, como Fernández Ordóñez con Bankia.
