La exclusión social en Aragón alcanza a una de cada cinco personas. En esta situación todavía es más incomprensible la actitud restrictiva, arbitraria y economicista que los trabajadores sociales atribuyen a la DGA en la tramitación del Ingreso Aragonés de Inserción. Según estos profesionales hay 3.000 solicitudes sin resolver y las demoras alcanzan hasta los diez meses cuando la legislación establece que el expediente se resuelva en uno. Hay que exigir rigor en el cumplimiento de las condiciones requeridas, pero no se deben permitir extralimitaciones para derogarlas o retrasarlas.
