De auténtico «despropósito» ha calificado la consejera de Educación, Mayte Pérez, la situación generada por la sentencia del Tribunal Supremo sobre la no concesión de conciertos a los colegios Sansueña y Montearagón que hizo el Gobierno de Rudi. La sentencia supondrá tener que abonar el coste de los conciertos de los cursos entre 2014 y 2016, unos tres millones de euros, a pesar de no haberse aplicado. Algo inconcebible. Este curso, Educación volvió a denegar los conciertos, con lo que --vista la sentencia-- se puede enfrentar a otro contencioso. Si la LOMCE es la responsable, hace falta modificarla ya, porque no parece razonable que los conciertos educativos no los marque un Gobierno sino un tribunal.
